Europa se encuentra en una encrucijada energética en busca de una energía más sostenible, accesible y con mayor seguridad de suministro. En este contexto, las comunidades energéticas renovables emergen como actores clave en la descarbonización de la economía y la consecución de objetivos ambiciosos en materia de sostenibilidad. Además, los proyectos emplazados en áreas rurales contribuyen al desarrollo rural y la mitigación de la pobreza energética.
Sin embargo, a pesar de los beneficios evidentes, las barreras legislativas y las diferencias en la transposición de políticas entre los Estados miembros pueden obstaculizar su potencial. Sobre estos dos últimos ejes se centran las propuestas presentadas en este artículo.
Oportunidades para las comunidades rurales
Las comunidades energéticas renovables son figuras jurídicas autónomas basadas en la participación abierta y voluntaria. Estos proyectos de energía renovable, desarrollados por y para la comunidad, están efectivamente controlados por sus miembros.
Las comunidades energéticas han sido identificadas por la Unión Europea como una herramienta esencial para transformar el sistema energético europeo. El papel de los ciudadanos, no solo como consumidores sino también como prosumidores, compartiendo y generando energía, puede ser una garantía para un sistema energético más sostenible, accesible y con mayor seguridad de suministro.
Si nos centramos en las zonas rurales, las comunidades energéticas renovables ofrecen una serie de ventajas.
Desde el punto de vista técnico, se establecen en áreas rurales con recursos naturales más abundantes y diversos, como el sol, el viento, el recurso hídrico y la biomasa.
Medioambientalmente, estos proyectos pueden tener un mayor impacto en la reducción de la huella de carbono local.
Socialmente, pueden ejercer un efecto especialmente positivo en grupos sociales con menores ingresos y que se ven profundamente afectados por la pobreza energética.
Económicamente, las comunidades energéticas renovables rurales impulsan la creación de empleo y la inversión local.
Diferencias entre países
A pesar de los claros beneficios técnicos, medioambientales, económicos y sociales de las comunidades energéticas renovables en el ámbito rural, su implantación se ve obstaculizada por la transposición desigual de la definición única de la figura legal en las directivas europeas entre los Estados miembros, como se muestra en la figura inferior.
Esta falta de coherencia y armonización en la legislación ha llevado a una implantación fragmentada y a veces contradictoria de las políticas relacionadas con las comunidades energéticas renovables rurales en toda la Unión Europea.
Esta variabilidad en la transposición de la definición y las políticas asociadas llevan a un mercado fraccionado que crea incertidumbre para los inversores y otros actores económicos, y en las comunidades mismas. Además, puede resultar en soluciones técnico-económicas inadecuadas o ineficientes que no reflejen las necesidades y realidades específicas de las comunidades rurales.
Hacia una armonización legislativa
Para abordar estos desafíos y aprovechar al máximo el potencial de las comunidades energéticas renovables rurales, resulta esencial avanzar hacia una mayor armonización legislativa. Tras un análisis sobre el asunto, proponemos una serie de recomendaciones para legisladores, investigadores y promotores.
Para maximizar el potencial de las comunidades energéticas renovables rurales en Europa, es imperativo adoptar una serie de medidas regulatorias. Es esencial establecer una definición clara y coherente de esta figura, garantizando que todas las iniciativas se alineen con criterios uniformes.
Los Estados miembros deben crear un marco regulatorio con un calendario claramente definido que incentive el desarrollo de comunidades energéticas renovables rurales, eliminando obstáculos burocráticos y ofreciendo incentivos fiscales y financieros. Asimismo, una propuesta legislativa que permita la cooperación transfronteriza entre comunidades energéticas renovables rurales puede potenciar la compartición de mejores prácticas y lograr economías de escala.
Estas políticas, además, deben asegurar unos servicios mínimos en las comunidades energéticas que provean a sus miembros de prosperidad, educación en energía, mejora económica y energía renovable. Su definición debe estar alineada con la actualmente existente para la consideración de municipio rural y los proyectos necesitan cumplir con ciertas características técnicas que los diferencien de los urbanos, como la capacidad de producción o la estabilidad de red.
Si se implantan adecuadamente, estas recomendaciones pueden ayudar a superar las barreras legislativas y regulatorias actuales y a aprovechar al máximo el potencial de las comunidades energéticas renovables rurales en toda la Unión Europea.
Para computar las ventajas sociales, económicas y medioambientales y su contribución a los objetivos de descarbonización del Plan Nacional de Energía y Clima, se propone crear un registro asociado a cada proyecto que, además, ayude a detectar medidas económicas adicionales para apoyarlos.
Como conclusión, las comunidades energéticas rurales deben tener un papel esencial en la consecución de los objetivos europeos asociados a una transición energética justa. Sin embargo, para que puedan desempeñar este papel de manera efectiva, es esencial abordar las barreras legislativas y garantizar una transposición uniforme de las políticas en todos los Estados miembros. Solo entonces Europa podrá aprovechar plenamente el potencial de estas comunidades y garantizar una energía asequible para todos.