El abogado Gonzalo Himiob lleva años haciendo frente a las reiteradas violaciones de los derechos de los ciudadanos en Venezuela. Desde la organización Foro Penal, de la que es vicepresidente, apoya con asesoría jurídica a las víctimas de detenciones arbitrarias, una labor que ha intensificado en los últimos años con las crecientes prácticas represivas del régimen de Nicolás Maduro.
En efecto, según afirma, Maduro supera con creces los encarcelamientos, las torturas, las desapariciones forzadas y los asesinatos por razones políticas de la era de Hugo Chávez. Es un período oscuro en el cual quienes ejercen el poder se resguardan en las estructuras militares para apuntalarse porque dejó de confiar en las estructuras ordinarias.
Si bien el mundo conoce las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos por parte del régimen, no ha habido un manejo acertado de la situación. A juicio de Himiob, “hay que ser muy cuidadoso con los mensajes que se mandan porque a veces buscando generar beneficios políticos, entorpeces lo que lleva años realizándose en otros aspectos”. Las gestiones ante la Corte Penal Internacional (CPI) son parte de lo que se ha entorpecido.
-¿Maneja información acerca de presos político contagiados de coronavirus?
-Hasta este momento no tenemos reportes de contagios, mantenemos un monitoreo sobre la situación de salud de los detenidos y el último corte que hicimos nos reflejó que hay 62 personas con estado de salud entre grave y moderado; pero ninguna de la dificultades tiene que ver con coronavirus. Al día de hoy, no tenemos reporte de que alguno de los 335 presos políticos qué existen en Venezuela esté contagiado.
-¿Cuáles son esas condiciones de moderadas a graves de salud que padecen los presos políticos?
-Tenemos personas con Hipertensión, Diabetes y hasta Epilepsia; también hay muchos casos con afecciones que necesitan tratamientos continuos. Lamentablemente, en estos momentos ha sido muy difícil facilitarles las medicinas, e incluso, la alimentación especial que requieren. Tenemos personas que aún padecen las consecuencias de las torturas que les perpetraron al llegar al sitio de reclusión y no están recibiendo la atención necesaria.
“Tenemos más de 160 asesinatos por motivos políticos desde 2014 y, salvo una que otra excepción, donde no hay manera de tapar el sol con un dedo, la opacidad sigue siendo la regla”
Gonzalo Himiob, Director Vicepresidente de la ONG Foro Penal
-¿Cómo calificaría la situación de Derechos Humanos hoy en el país?
-La situación de los Derechos Humanos en el país, a todo nivel, es muy lamentable. En lo que respecta a nuestra área, es evidente que ni los tribunales ni los cuerpos de seguridad están orientados a cumplir sus verdaderas obligaciones, sino que están siendo destinados a ser armas de imposición de la hegemonía oficial. Para eso utilizan arrestos arbitrarios y otros mecanismos intimidatorios, como allanamientos, torturas, desapariciones forzadas y hasta asesinatos.
-¿Cómo es el día a día de un preso político en El Helicoide?
-Las últimas informaciones que tenemos hablan de unos 300 presos, entre comunes y políticos, en El Helicoide. La situación es muy grave, porque ese sitio de reclusión no cuenta con la infraestructura necesaria para ese número de detenidos y por eso hay mucho hacinamiento. No tienen un servicio médico, no hay acceso a insumos básicos como agua potable, luz solar, ventilación, entre otros. En algún momento se maltrataba mucho a los reclusos, pero de un tiempo para acá eso ha cambiado un poco; lo que no quiere decir que las violaciones a los Derechos Humanos hayan cesado por completo. Sin embargo, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) sí se están presentando situaciones de abuso bastante graves.
-¿Puede profundizar sobre esas situaciones graves que están ocurriendo en la Dgcim?
-Mantienen absolutamente incomunicadas a las personas, hay quienes permanecen detenidas allí mucho más tiempo de lo que establecen los lapsos legales para ser presentados en tribunales. Hemos recibido reportes de torturas y maltratos físicos; también tenemos información sobre casas clandestinas, que no son sedes formales de la Dgcim, pero que las utilizan para esconder personas y someterlas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
-¿En estos momentos hay presos políticos en “La Tumba” del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)?
-En este momento no hay presos políticos en “La Tumba”. Cuando hemos tenido casos allí, nos describen que lo más duro a enfrentar es que no tienen noción del transcurso del tiempo y eso desestabiliza mucho, desde el punto de vista psicológico a las personas; no saben cuándo es de día ni cuándo es de noche, tampoco tienen acceso a ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Son unos calabozos situados a unos cinco pisos bajo tierra, son completamente blancos, las celdas miden aproximadamente un metro y medio por dos metros, las luces siempre están encendidas y la temperatura es muy baja.
-¿En qué administración han registrado mayor cantidad de violaciones a los Derechos Humanos, en la de Hugo Chávez o ahora en la de Nicolás Maduro?
-Las violaciones a los Derechos Humanos contra la disidencia se han materializado en ambos gobiernos, pero lo que yo establecería como un parámetro de distinción es que durante la era Maduro se ha incrementado, tanto desde el punto de vista cualitativo como del cuantitativo. Chávez también encarceló a sus opositores, ordenó torturas, incurrió en la práctica de la desaparición forzada de personas y asesinatos por motivos políticos, pero no en la cantidad ni con la intensidad que hemos visto durante el período madurista.
-¿Manejan alguna estadística que retrate este incremento?
-De 2014 hasta hoy registramos más de 15.000 arrestos por motivos políticos, en la medida que incrementó la represión, también aumentaron los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas. Sin lugar a dudas, la persecución de en estos años de Maduro es superiora a la que hubo en el gobierno de Chávez.
-¿Tiene información de los directivos de Citgo que están presos?
-Siguen presos. Las posibilidades de hacer algo en este momento son muy limitadas, son presos políticos y su situación es particular, porque el poder no pretende hacer justicia con ellos, sino atribuirles el fracaso de la política económica y petrolera del país, eso convierte su caso en un caso político.
-¿Hay alguna actualización sobre los asesinatos del concejal Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo, quienes estaban en manos de las autoridades?
-No, la impunidad sigue siendo la regla. Tenemos más de 160 asesinatos por motivos políticos desde 2014 y, salvo una que otra excepción, donde no hay manera de tapar el sol con un dedo, la opacidad sigue siendo la regla.
“De 2014 hasta hoy registramos más de 15.000 arrestos por motivos políticos, en la medida que incrementó la represión, también aumentaron los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas”
Gonzalo Himiob, Director Vicepresidente de la ONG Foro Penal
-¿Qué opinión tiene sobre Tarek William Saab, el fiscal general de la República designado por Nicolás Maduro?
-Creo que él no está cumpliendo, como tampoco lo hizo Luisa Ortega Díaz ni Isaías Rodríguez, su función de ser garantes de la legalidad y del cumplimiento de las leyes. Él está allí para apuntalar la postura hegemónica del Gobierno; sólo están ocupados en mantener el poder a costa de lo que sea.
-¿Hay alguna diferencia entre el Sebin dirigido Cristopher Figuera y el que está en manos de Gustavo González López?
-Cuando llegó Cristopher Figuera mejoró el trato a los detenidos y eso, hasta ahora, más o menos se mantiene; pero esta decisión no tiene que ver con la persona que está al frente de esa institución, sino con la estrategia que está desarrollando el Gobierno para ejercer la represión. Hoy el principal órgano represor es la Dgcim y no el Sebin; es decir, desde el poder se interpreta que es más fácil utilizar esa estructura que es militar para reprimir, que utilizar a la propia policía política, donde ya se han dado situaciones que al Gobierno le resultan incomodas, como por ejemplo, la salida de Figuera a los Estados Unidos.
-¿Qué hay detrás de la preferencia por la Dgcim?
-El área militar siempre es menos crítica y es más sumisa a las directrices del poder central. Esto empezó en 2017, cuando Luisa Ortega Díaz evidenció que había cambiado de postura; en ese momento el poder se dio cuenta de que en la Fiscalía y en los tribunales ordinarios no estaban respondiendo como lo esperaban, eso conllevó a que voltearan la cara hacia el mundo militar. Como consecuencia de eso, el día de hoy tenemos un importante número de civiles enjuiciados por tribunales militares y encarcelados en recintos militares. En definitiva, el poder dejó de confiar en las estructuras ordinarias, para apoyarse, mayormente, en la institución castrense.
-¿Que actualización maneja sobre las ultimas persecuciones que ha hecho el régimen, en el marco de la pandemia de Covid-19?
-La última cifra que hemos registrado es de 54 arrestos por motivos políticos desde que inició el coronavirus. Todos estos abusos han estado vinculados a la supuesta instalación de un golpe de Estado desde Colombia contra Maduro, y la difusión de información sobre lo que está pasando en Venezuela con la pandemia. El poder está actuando de esta manera porque sabe que las posibilidades de defensa en este momento son casi inexistentes. Muchos de los afectados están siendo juzgados por tribunales con competencia en materia de terrorismo, y a veces no se les permite que tengan defensa privada o que los defensores del Foro Penal trabajen. Hay un esquema represivo que sigue trabajando en esta cuarentena.
-¿Cuál es su valoración sobre las supuestas gestiones que ha hecho la instancia de diálogo encabezada por el diputado Timoteo Zambrano para la liberación de presos políticos?, ¿han abogado por alguna liberación relevante?
-Nosotros siempre hemos sido críticos con esa forma de trabajar, porque cada vez que se habla de una “mesa de diálogo”, en esos términos, las encarcelaciones aumentan. En las liberaciones de las que esta gente se hace eco sólo están incluidos dos o tres presos políticos, pero el resto de la lista es desconocida y no califica jamás como detenciones políticas. Por eso nosotros vemos estas iniciativas con mucha desconfianza, porque no solucionan nada. Si quieren luchar contra la persecución se deben ocupar de los 335 presos políticos que tenemos hoy, que son los casos más dolorosos; pero también tienen que atender la situación de 9.101 personas con restricciones de libertad, que no pueden salir de su país, deben presentarse semanalmente a tribunales, no pueden dar declaraciones, entre otras limitaciones. Entonces no se puede “enfrentar” este tema de manera tan precaria y poco transparente como ellos lo han hecho.
-¿Hay liberaciones previstas en el corto plazo?
-Que nosotros sepamos no. Hace poco soltaron a unos presos comunes, pero detenidos políticos, nada. Hubo un rumor de que el Gobierno excarcelaría a varios, pero eso no se materializó y no creemos que vaya a suceder en el corto plazo.
-¿Considera que la comunidad internacional está completamente enterada de las violaciones de los Derechos Humanos que han ocurrido en Venezuela?, ¿cree que han sido solidarios o inactivos?
-La actuación de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, y de instituciones como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha sido, en términos generales, correcta. Por supuesto, siempre se le puede exigir más contundencia, más rapidez, menos burocracia en la toma de decisiones y en la implementación de medidas. Pero, lamentablemente, la carrera en esta área no es de velocidad, sino resistencia.
-¿Qué rol ha jugado la Corte Penal Internacional (CPI) en este proceso y qué podemos esperar de esa institución?
-Ahí tenemos una situación delicada, y es que a veces las señales que se mandan desde Venezuela son confusas. La Corte Penal Internacional no puede intervenir, lo tiene prohibido expresamente, si el país del que se trata dice que está dispuesto a resolver esos problemas que tiene y enjuiciar a los que cometieron crímenes de lesa humanidad dentro de su jurisdicción. El año pasado Juan Guaidó habló de una ley que contendría una amnistía, también declaró sobre una comisión de la verdad y una justicia transicional; eso fue súper negativo para el Tribunal Penal Internacional, porque les estás diciendo que no quieres que ellos se metan, que lo vas a resolver tú. Hay que ser muy cuidadoso con los mensajes que se mandan porque a veces buscando generar beneficios políticos, entorpeces lo que lleva años realizándose en otros aspectos. La verdad es que nosotros no estamos mandando un mensaje claro, y ellos así no pueden intervenir.
-¿Quién es la verdadera cara de la violación de los Derechos Humanos en Venezuela?
-Hay muchas caras, muchas cabezas. Las violaciones de Derechos Humanos en nuestro país van desde los aspectos que tocan más nuestra vida íntima, como escasez de medicinas y alimentos, hasta los más drásticos como asesinatos y torturas. Hay muchos responsables que actúan en diferentes niveles.