Desarrollo Sostenible en México: soluciones innovadoras para fortalecer la toma de decisiones con base en evidencia

Desarrollo Sostenible en México: soluciones innovadoras para fortalecer la toma de decisiones con base en evidencia

28 de Mayo de 2020

La serie “Desarrollo Sostenible en México: soluciones innovadoras para fortalecer la toma de decisiones con base en evidencia” que está formada por tres documentos que son resultado de los esfuerzos de la oficina del PNUD en Mexico en el marco de la iniciativa de “Inferencia de Prioridades de Política para el Desarrollo Sostenible”, implementada en colaboración con el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en 2019.

Como parte de este proyecto, el modelo de Inferencia de Prioridades de Política (IPP), desarrollado por los investigadores Dr. Gonzalo Castañeda y Dr. Omar Guerrero, fue adaptado al contexto de los ODS y piloteado en México. El IPP permite, entre otras cosas:

  • Inferir, de manera retrospectiva, las prioridades de un gobierno;
  • Analizar la coherencia entre las metas explícitas de un gobierno y el perfil de asignaciones presupuestarias;
  • Inferir el nivel de eficiencia de las dependencias gubernamentales;
  • Analizar prospectivamente la factibilidad de las metas en el tiempo; e
  •  Identificar nodos aceleradores para la consecución de las metas planteadas.

En el Reporte metodológico, primero de la serie, se describe el tratamiento que se hace de los datos para su uso en el modelo IPP, las ecuaciones del juego conductual de economía política y los algoritmos del modelo.

El segundo documento es una Aplicación para el caso de México. En éste, se describen los indicadores utilizados y se muestran los resultados de los análisis retrospectivo y prospectivo.

El tercer documento de esta serie es una Aplicación para el caso subnacional de México que da cuenta de las prioridades retrospectivas de las entidades federativas y de los resultados del análisis de factibilidad de metas aportadas por funcionarias y funcionarios públicos de cinco estados: Chiapas, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Yucatán.

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