El vicepresidente del Área Económica de la gestión de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, anunció la suspensión de la ejecución de garantías y la reclasificación crediticia para la pequeña y mediana industria en Venezuela.
Estas medidas que había informado el propio mandatario un día antes, fueron ratificadas por su funcionario este jueves 27 de agosto.
En un encuentro con representantes de la pequeña y mediana industria, El Aissami resaltó que estas medidas económicas son la continuidad de las que habían informado en marzo por la llegada del COVID-19 al país.
Entre ellas están el pago complementario de nóminas en el sector privado, bono para trabajadores independientes, además de la “prohibición de ejecutar garantías y reclasificación de riesgo crediticio y prohibición de desalojo forzoso”, informó El Aissami.
Además, se aprobó un nuevo calendario fiscal, que será publicado en septiembre en Gaceta Oficial. Cada empresa lo hará de acuerdo con su número de RIF. “Esto también es un mecanismo de financiamiento para los sectores empresariales”, agregó el funcionario en declaraciones a la Agencia Venezolana de Noticias.
También diseñarán un régimen tributario para productos importados suntuarios, para aquellos que sirvan para sustituir la falta de producción nacional.
“Es un punto de equilibrio entre lo importado y la producción nacional, protegiendo a los empresarios”.
Consecomercio pide reactivación progresiva y continua
Pese a estos anuncios, las grandes asociaciones y gremios empresariales y de comerciantes en Venezuela, han pedido medidas más ajustadas a la realidad económica del país.
La Comisión de Economía de Consecomercio dijo el lunes que el sector comercial necesita “una reactivación progresiva y continua“, tras cinco meses de cuarentena por el COVID-19.
“Este contexto (COVID-19) ha afectado considerablemente al comercio interno y externo de Venezuela, como lo refleja la caída de 65% de las exportaciones y de 45,1% de las importaciones entre enero y mayo de este año, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Adicionalmente, se espera una caída de 76% consumo interno para finales de 2020, lo que afectará de manera importante la actividad del Sector Comercial de nuestro país durante este segundo semestre del año”, advirtieron este 24 de agosto.
Señalaron que de 2.500 empresas consultadas, el 30 % dijo estar en riesgo de cierre por las dificultades que atraviesan los distintos sectores por las fallas de gasolina, servicios públicos y la propia cuarentena, bajo el actual esquema.
“Consideramos imperativo que se inicie un proceso de desescalada de la cuarentena de forma controlada, concertada con los sectores y supervisada por las autoridades para el cumplimiento de las medidas sanitarias estrictamente necesarias”, pidieron.
Las propuestas del sector comercio
Entre sus propuestas está que el sector comercial no esté sometido al esquema 7+7: una semana de cuarentena y otra de flexibilización.
“Las estadísticas manejadas por Consecomercio reflejan que apenas 2 de cada 10 empresas privadas del país pueden operar sin interrupciones durante esta pandemia. Las otras 8 compañías que permanecen cerradas durante las semanas de cuarentena radical también necesitan operar y generar ingresos, para continuar tanto con el pago de los salarios a sus trabajadores como los impuestos que alimentan al fisco nacional”.
Sin embargo, Maduro informó este miércoles, 26 de agosto, que el país se mantendrá bajo el esquema 7+7 al menos hasta el próximo mes de diciembre.
Consecomercio entregará su paquete de propuestas que contienen los siguientes puntos:
1️⃣ Desescalada controlada que permita la reactivación de todos los sectores.
2️⃣ Utilizar la modalidad del teletrabajo donde sea posible.
3️⃣ Aplicar de manera estricta el lavado de manos, uso del tapabocas, desinfección diaria de utensilios de trabajo y de espacios utilizados.
4️⃣ Exigir el distanciamiento social.
5️⃣ Reportar a las autoridades cualquier foco de contagio.
6️⃣Imposición de sanciones en caso de incumplimiento.
Foto: AVN