El Congreso investigará si el presidente Piñera recurrió a paraísos fiscales

El Congreso chileno trabaja contrareloj para sentar las bases de la reforma constitucional. En el medio de ese frenesí, la Cámara de Diputados constituyó una comisión investigadora que seguirá los movimientos de dinero hacia paraísos fiscales realizado por Bancard, la sociedad de inversiones ligada al presidente Sebastián Piñera. Con 68 votos a favor, 53 en contra y una abstención, los diputados indagarán a su vez el papel de los órganos del Estado en el traspaso de esos millonarios fondos de la familia Piñera Morel a una cuenta de sus hijos en las Islas Vírgenes británicas. La decisión de los parlamentarios ha sido consecuencia de un artículo publicado por el portal El Desconcierto.

De acuerdo con El Desconcierto la transferencia tuvo lugar en el 2015, cuando gobernaba Michelle Bachelet, por un monto de 96 millones de dólares. Por lo pronto, se ha determinado la existencia de una transgresión de las normas de la ley de impuestos a la renta que implicó el impago de impuestos entre los años 2016 y 2017. La citada empresa habría hecho nuevas transferencias por 400 millones de dólares a compañías en las Islas Vírgenes y Luxemburgo, respecto de las cuales no existiría tampoco constancia del pago de impuestos o de fiscalización pública. Tras la aprobación de la comisión investigadora, la Presidencia de Chile emitió un comunicado en el que se afirma que "no existe fundamento alguno que justifique" su formación. "Hace más de 10 años que el presidente Sebastián Piñera no tiene participación alguna en la gestión ni en las decisiones de Bancard Inversiones Ltda. ni ninguna otra empresa", se señala. El texto explica a la vez que desde marzo del 2018, cuando Piñera comenzó su segundo mandato, y en cumplimiento de la ley de probidad en la función pública y prevención de conflictos de interés, "los activos accionarios y otros de carácter financieros del presidente y de la sociedad Bancard Inversiones Ltda. se encuentran bajo la administración de fidecomisos ciegos".

En este contexto, un tribunal capitalino admitió a su vez una querella en contra de Piñera por delitos de lesa humanidad impulsada por el senador Alejandro Navarro. De acuerdo con la presentación hecha por el legislador, el mandatario es responsable de la suerte que corrieron "decenas de personas que desde el 18 de octubre han perdido uno o ambos ojos debido a la represión de  agentes del Estado".

Como si le estuviera respondiendo a Navarro, Piñera publicó este miércoles en The New York Times una columna titulada "Una nueva oportunidad para el futuro de Chile" en la que asegura que el país ha estado expuesto a "un enorme e inesperado estallido de violencia, incendios, disturbios, destrucción y delincuencia, que ha causado un grave daño al cuerpo y alma" de la sociedad. 

La advertencia presidencial

Según el mandatario, en estos dos meses de conflictividad, "mientras ejercimos nuestro deber de restaurar el orden público y la seguridad ciudadana, nuestro gobierno tomó todas las medidas y precauciones necesarias para garantizar el máximo respeto de los derechos humanos de todos", aseguró. El texto publicado en el diario neoyorquino considera que "esta protesta social se convirtió en una gran oportunidad para construir un nuevo futuro". Le ha dado a la dirigencia política "la oportunidad de conectarnos mejor con nuestros ciudadanos y liderar una transición hacia una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades, donde el progreso y el desarrollo sean más inclusivos y sostenibles", aseveró". Para Piñera, "un Estado no puede alcanzar el pleno desarrollo si una parte significativa de su población o territorio no están participando de la generación y los beneficios del crecimiento".

"No tenemos tiempo que perder, porque no habrá justicia social sin crecimiento y desarrollo, y no habrá crecimiento y desarrollo sin justicia social", añadió. No obstante, Piñera subrayó que hay una "condición indispensable" para avanzar en el proceso de diálogo:  "no podemos tolerar ninguna forma de violencia, ni ningún tipo de abuso de los derechos humanos. De lo contrario, advirtió, "nuestra democracia se debilitará".