La ONU ha denunciado recientemente el asesinato de más de 300 líderes sociales y de 173 exguerrilleros desde la histórica desmilitarización de la guerrilla en Colombia. La ola de esperanza que se extendió entre la población colombiana cuando el gobierno y la guerrilla firmaron el acuerdo de paz en el 2016 no ha podido erradicar la violencia de las bandas criminales, que han puesto en su punto de mira a los líderes sociales que buscan implementar los acuerdos de paz con medidas como la sustitución de cultivos de cocaína. Sólo este año, más de treinta personas han sido asesinadas.
“Si un líder comunitario denuncia o interfiere en las dinámicas de estas organizaciones se arriesga a que lo maten –sostiene Gustavo Duncan, experto en narcotráfico y crimen organizado–. En el caso de los excombatientes, un tercio de los asesinatos fueron a manos de disidentes o de nuevas organizaciones que los consideran un peligro para su control. Al exmiembro de las FARC se le ofrecen dos opciones: o unirse o morir”.
A diferencia de los grandes cárteles de los ochenta y noventa, se trata de pequeños grupos con base local
El número de víctimas actual no puede compararse con el de los años activos de las FARC (220.000, según un informe del Centro de Memoria Histórica de Colombia, aunque hay otros estudios que los cifran en casi un millón). Pero la lentitud de los procesos judiciales de líderes sociales asesinados y de la implantación de los acuerdos de paz ha dejado desprotegidas las zonas en conflicto. Los grupos criminales han aprovechado el vacío que las FARC dejaron tras su desmovilización en diversos departamentos y se disputan su control.
“Hemos verificado 61 casos en 2016, 84 en 2017, 115 en 2018 y 107 en 2019”, explica Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a La Vanguardia , pero señala que “faltan 13 denuncias por verificar, por lo que este año podrían ser 120”.
Los ataques se producen en áreas rurales, casi todos en municipios con una economía informal donde operan grupos criminales y en los que la presencia del Estado es mínima. El epicentro de la violencia se concentra en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá, en los que se han cometido la mitad de los crímenes. “La violencia no está focalizada en un único lugar sino que se extiende”, sostiene Hurtado.
Los grupos criminales no parecen ser estructuras con un alto nivel organizativo sino bandas locales. “El clan del Golfo sí que es una estructura con un cierto nivel de organización, pero estos grupos funcionan con relativa autonomía”, comenta Duncan. En algunos casos, los enfrentamientos entre bandas han causado la marcha forzosa de poblaciones enteras.
En Tumaco, un municipio del departamento de Nariño, se ha declarado el estado de emergencia humanitaria por el desplazamiento masivo de su población. Más de 3.000 personas han abandonado sus domicilios a causa de los enfrentamientos entre grupos.
El objetivo principal de las bandas criminales es controlar los cultivos de cocaína. “Ahora se produce más coca que nunca, y quien controla la producción controla el mercado”, afirma Duncan. Según estimaciones de la oenegé Indepaz, hay entre 12.000 y 15.000 parcelas en municipios del norte del Cauca, con un promedio de 620 plantas por parcela y cuyo rendimiento anual es de unos 10 kilos de cocaína. Su cultivo es el principal sustento de muchas familias. Hasta ahora el Gobierno ha dado una solución militar al conflicto, pero diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la eficacia de esta vía. Estas oenegés exigen la implantación de programas de desarrollo eficientes y la sustitución de los cultivos ilícitos, además de que se garantice la seguridad de las comunidades afectadas. También destacan la importancia de que la Fiscalía lleve a cabo una investigación rigurosa sobre los asesinatos.