Por Gustavo Veiga

En la madrugada del 20 de diciembre de 1989 George Bush padre llamó a los tres Carlos (Menem, Salinas de Gortari y Pérez, presidentes de Argentina, México y Venezuela) para contarles que invadiría Panamá ese mismo día. El dato es uno de los tantos que acaban de desclasificarse en Estados Unidos mientras el país centroamericano sigue contando a sus víctimas. Treinta años después, Laurentino Nito Cortizo es el primer presidente panameño que declara duelo nacional por aquellos muertos. Una señal de que el país todavía está lejos de cicatrizar sus heridas por la operación Causa Justa. Así bautizó EEUU su enésima incursión en un país soberano con el pretexto de atrapar a Manuel Antonio Noriega bajo los cargos de narcotráfico. El ataque terminó muy mal: 26 mil soldados tomaron Panamá, mataron a cientos de civiles, desaparecieron a un número indeterminado y bombardearon la capital, en especial al populoso barrio El Chorrillo que dejaron en ruinas. “Cómo vas a destruir un país por agarrar a un solo hombre”, dice una voz femenina en el documental Invasión, del panameño Abner Bendim, estrenado en 2014. Es el reflejo exacto de lo que pasó aquel día en las inmediaciones del célebre canal, devuelto a sus verdaderos dueños el 31 de diciembre de 1999.

Juan Planells, el presidente de la Comisión que intenta determinar con precisión el número de víctimas dijo este mes que “llevamos analizados algo más de 250 casos que están validados y documentados”. Esa cifra es discutida por organismos de Derechos Humanos que la elevan a varios miles. El trabajo está inconcluso porque aún se busca identificar decenas de cuerpos en los cementerios. En la manzana 90 bis del Jardín de Paz se investigan catorce casos de posibles desaparecidos. Informes recabados en estos treinta años mencionan a 202 civiles y 314 militares panameños asesinados. El presidente Cortizo decretó el duelo nacional “para honrar a todos los inocentes que perdieron su vida y defendieron la integridad de nuestro territorio”.

En diciembre de 2017 la CIDH recomendó a Estados Unidos “reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos tanto en el aspecto material como inmaterial”. El pronunciamiento devino de una demanda que habían presentado los familiares de los muertos en 1990. Trinidad Ayola, ingeniera civil y viuda de un teniente de aviación fallecido durante la invasión, declaró más de una vez: “Lo mínimo que esperamos es que Estados Unidos nos pida perdón”. Lo único que hizo hasta ahora el país invasor fue juzgar a 19 de sus propios militares. A 17 de ese grupo los condenó, pero a solo cuatro por asesinar civiles.

Un trabajo de la periodista Eliana Morales titulado "El barrio roto", describe lo que pasó aquellos días de diciembre del ’89: “El Chorrillo murió la noche de la invasión," dice Yadira. Morena y bajita, de 70 años y risa ligera, un mañana de octubre Yadira desparrama sus varios kilos en un sofá con dibujos de palmeras, en medio de su minúsculo apartamento del último piso de un edificio en el corazón del barrio. Desde allí cuenta su historia. Lo repite una y otra vez, con esa determinación que da la experiencia: El Chorrillo murió con la invasión. Yadira perdió a muchos amigos esa noche. A Miguelito, a Padilla, a Ratón. Gente entrañable de la comunidad, que tenía un trabajo, una familia que mantener y sueños que cumplir”.

En septiembre de 1990 la arquitecta Magela Cabrera Arias escribió un artículo en la revista panameña de Sociología donde contaba que el bombardeo “afectó a muchos de los pescadores, agricultores, artesanos, lavanderas y pequeños comerciantes chinos que vivían allí desde finales del siglo XIX: 2.739 familias repartidas en edificios multifamiliares y viviendas comunitarias”.

El saldo de víctimas y destrucción que dejó la invasión no se compadece con el objetivo que se planteaba el presidente Bush. El ex director de la CIA quería desalojar del poder a un militar que había sido funcional a sus propósitos en el pasado. Noriega gobernaba Panamá con mano dura desde 1983 pero dejó de ser confiable para EEUU. Una de las razones que discuten todavía los historiadores es que se negó a intervenir contra el gobierno sandinista de Daniel Ortega. Otra que rechazaba negociar los tratados de 1977 por los cuales Panamá recuperaría el canal, como finalmente sucedió. La restante, argumentada por Bush, era que traficaba drogas con los cárteles colombianos.

Testigo presencial de aquellos hechos como corresponsal de diarios mexicanos, la periodista Stella Calloni escribió: “Unas horas antes de iniciar esa invasión, soldados de Estados Unidos entraron tranquilamente a la ciudad de Panamá y se llevaron a la sede del Comando Sur en la entonces Zona del Canal que ocupaban militarmente, a Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, a quienes nombraron allí presidente y vicepresidentes de Panamá”. Noriega se ocultó en la embajada de El Vaticano y se entregó el 3 de enero de 1990. Los marines lo sometieron durante horas ininterrumpidas con música heavy metal de la banda Van Halen a todo volumen. Finalmente fue llevado a EEUU donde lo condenaron a 40 años de prisión por narcotráfico. Por buena conducta le redujeron la pena, pero nuevamente fue extraditado dos veces. Primero a Francia donde lo sentenciaron otra vez por blanqueo de dinero y por último a Panamá a donde regresó en 2014. Murió el 29 de mayo de 2017 bajo arresto domiciliario a los 83 años.

La invasión que partió desde el propio comando Sur instalado en ese momento en la zona del canal fue como si en una partida de TEG, Estados Unidos hubiera querido tomar Kamchatka. Un juego para semejante desproporción de fuerzas. Sus soldados cruzaron una avenida, bombardearon a mansalva a la población civil y se retiraron el 31 de enero del 89 con la misión cumplida.

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