Como hemos venido contando en Hispanidad, existe una notable cacería judicial, especialmente por tribunales de instancia, contra la Administración Trump.

Esta semana se ha conocido que el juez federal y magistrado presidente de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, James Boasberg, informó al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y a un grupo de compañeros magistrados de Washington D.C. que “estaban preocupados porque la Administración Trump ignorara las sentencias de los tribunales federales, lo que llevaría a una crisis constitucional”, según un memorando obtenido en exclusiva por The Federalist.

El contexto es el siguiente: el pasado mes de marzo, la Conferencia Judicial que está integrada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que ejerce como presidente, así como por el juez principal de cada circuito judicial, el juez principal de la Corte de Comercio Internacional y un juez de distrito de cada circuito regional, sesionó para la primera de sus dos reuniones ordinarias. El objeto del encuentro era el análisis de cuestiones administrativas que afectan al sistema judicial federal y efectuar recomendaciones al Congreso sobre la legislación relativa al poder judicial.

Lo que parecía una reunión ordinaria, adquirió un carácter inquietante por una conversación paralela en la reunión que reveló un detalle significativo: la predisposición de los jueces supuestamente imparciales contra la Administración Trump.

Según el citado memorando, “el juez principal del Distrito de Columbia, James Boasberg, planteó a continuación la preocupación de sus colegas de que la Administración ignoraría las sentencias de los tribunales federales, lo que conduciría a una crisis constitucional”.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, expresó su esperanza de que eso no ocurriera y que, a su vez, no se materializara ninguna crisis constitucional y además añadió que “sus interacciones con el presidente Trump han sido civilizadas y respetuosas, como cuando el presidente le agradeció en el discurso sobre el estado de la unión por prestar juramento”.

Los comentarios del juez Boasberg revelan que él y sus colegas tienen un evidente sesgo antitrumpista, y su supuesta preocupación por el orden constitucional resulta poco verosímil, por cuanto la Administración Trump había cumplido con todas las órdenes judiciales hasta el momento y más tarde también.

Pero la cuestión es especialmente interesante por cuanto sólo días después de lo ocurrido, el juez Boasberg emitió una orden que obligaba a la Administración Trump a detener las deportaciones a El Salvador, y recuérdese que más tarde el Supremo anuló tales órdenes que impedían la deportación y permitió a la Administración Trump continuar con el proceso.