Jornada política del 6 de marzo de 2024 | Patxi López (PSOE): La amnistía servirá “para tener un Gobierno que gobierne con tranquilidad”

Buenos días. Arrancamos la narración de la jornada política de este jueves, víspera del fin del plazo para que PSOE y Junts acuerden de nuevo el texto de la ley de amnistía. Desde el fin de semana, no cesan las voces que insisten en que el acuerdo es inminente, pero aún falta el cierre final. Según ha comentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los periodistas que le acompañan en un viaje a Brasil, el acuerdo está a punto, gracias a un cambio en el redactado que satisfaría las exigencias de los independentistas: la norma incluirá todas las acciones relacionadas con el procés y a todos los implicados, incluido el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Mientras, sigue la polvareda del caso Koldo, tras las explicaciones del martes de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El PP sigue elevando el tono, hablando de los ministros de Hacienda e Interior como “cooperadores necesarios” de los presuntos delitos cometidos, al igual que hizo el fin de semana con Armengol.

Yolanda Díaz da por hecho que habrá amnistía y que los últimos cambios no afectarán a su constitucionalidad

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado que “habrá ley de amnistía”, lo que constituye una “buena noticia” para que “España y Cataluña sigan avanzando”. Díaz no ha querido desvelar, en una entrevista en RNE, qué cambios en la redacción de la norma se han introducido en las últimas horas para lograr el sí de Junts, pero sí ha insistido en que será constitucional y que “la ley no es para Carles Puigdemont o Marta Rovira”, sino para “la sociedad catalana, que se vio inmersa en una situación que no debió darse porque el PP abdicó de la política”.

La vicepresidenta ha comenzado dando por hecho que “habrá amnistía y habrá Presupuestos Generales del Estado”, si bien ha subrayado que son “negociaciones distintas”. Sobre la amnistía, ha dicho que es positivo que se apruebe porque “es injusto, por ejemplo, que algunas personas, como profesores, estén procesados por abrir centros escolares para votar”. Preguntada sobre si la norma incluye un blindaje para Puigdemont, acusado de terrorismo por el Supremo en el caso Tsunami, Díaz ha dicho que “esta ley no es para Puigdemont o Rovira, sino para la sociedad catalana, no para personas concretas”. Sobre la acusación a Puigdemont y como jurista, ha dicho que cree que lo ocurrido en Cataluña en el procés, “no fue terrorismo”.

También ha dicho que la norma será “constitucional”, y que las modificaciones que se van a introducir estarán “dentro de la directiva europea que regula la materia y dentro de la legalidad”, si bien ha puesto una nota de prudencia porque “compete al Tribunal Constitucional” decidir sobre la constitucionalidad de la norma.

Tellado, sobre los cambios anunciados por Sánchez en la amnistía: “Todo indica que el PSOE se ha plegado una vez más al independentismo”

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha dado una entrevista esta mañana en Telecinco en la que ha valorado las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que está dispuesto a realizar cambios en la ley de amnistía para dar “más garantías” a los independentistas, y especialmente al líder de Junts, Carles Puigdemont —a quien el Tribunal Supremo ha decidido investigar por terrorismo—, de que esta incluirá todas las acciones relacionadas con el procés y a todos los independentistas implicados. “Todo parece indicar que el PSOE se ha plegado una vez más a las exigencias del independentismo”, ha dicho Tellado, a pesar de que todavía no conoce cuáles son los cambios en la proposición de ley. “Estamos ante una ley que es inasumible, estamos ante un chantaje político y vemos cómo el chantajeado acepta las presiones de quien quiere que se legisle a la carta para beneficiar a personas con nombres y apellidos”, ha añadido.

Sobre el caso Koldo, la supuesta red de corrupción urdida para conseguir contratos públicos de suministro de mascarillas en lo peor de la pandemia a cambio del pago de comisiones presuntamente ilegales, Tellado ha vuelto a intentar elevar el tiro afirmando sin pruebas que Sánchez “sabía todo y lo tapó”. También ha dicho que las explicaciones de ayer de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, son “tremendamente lamentables”. “Hoy hay más motivos que ayer para que presente su denuncia. En el momento que comparece aquí está evidenciando que no puede seguir presidiendo la institución”, ha dicho Tellado. 

Armengol compareció ayer en la Cámara baja para hacer una cerrada defensa de su actuación como jefa del Gobierno de Baleares que en 2020 compró una partida de mascarillas a la empresa del caso Koldo. Dolida por los durísimos ataques del PP —“han traspasado todas las líneas rojas”, dijo—, la socialista no solo no piensa dimitir, como le exigen los populares, sino que dijo con tono desafiante: “No voy a consentir que mancillen mi nombre”. “Yo no estoy investigada ni nadie de mi Gobierno aparece citado en el sumario. En todo caso podría ser víctima, no cómplice ni colaborador necesario”, insistió la tercera autoridad del Estado.

El PSOE sopesa llamar a Almeida a la comisión de investigación de las mascarillas del Congreso

Fuentes socialistas han afirmado este miércoles que el partido está estudiando que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, comparezca en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre los miles de contratos de emergencia que suscribieron “todas las administraciones” durante la dramática etapa de pandemia que sufrió España en el primer semestre de 2020. El PP se opuso ayer a la creación de esta comisión.

“Estamos volviendo a ver cómo el PP hace suya, de nuevo, la ley del embudo. Escuchamos a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, pedir sin pudor la dimisión de Francina Armengol, presidenta del Congreso: ¿Lo suyo fue una estafa? Parece haber olvidado el alcalde que la Justicia ha sentado en el banquillo a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, para los que se piden hasta 15 años, por cometer una presunta estafa contra el Ayuntamiento. Fue el primo de Almeida quien propuso sus nombres al Ayuntamiento, tal y como reconoció en sede judicial”, explican fuentes del PSOE.

El 20 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Madrid recibió una oferta de distinto material de protección por parte de Luis Medina y Alberto Luceño, intermediarios sin experiencia en ese sector. Medina ofreció el material al Ayuntamiento de Madrid a través de un familiar del alcalde, José Luis Martínez Almeida, según la Fiscalía Anticorrupción, y acabó vendiéndolo por casi 16 millones de dólares que el Ayuntamiento tuvo que adelantar. “Luceño y Medina inflaron los precios de las mascarillas hasta un 60%. Hicieron lo mismo con los guantes (un 81%) o los test (71%)”, se quejan fuentes socialistas, que argumentan que el Gobierno de Baleares presidido por Francina Armengol —el PP lleva días exigiendo su dimisión— pagó en 2020 3,7 millones por las mascarillas, que además no tenían calidad suficiente para profesionales sanitarios, pero sí para los ciudadanos.

“Creemos que la experiencia de Almeida puede arrojar luz sobre el modus operandi de muchos comisionistas que actuaron durante la pandemia, aprovechándose del sufrimiento de todo el país, y como cualquier administración puede ser víctima sin necesidad de incurrir en connivencia ni delito alguno”, dicen las fuentes socialistas.

El Ayuntamiento de Madrid, a diferencia de lo que hizo con otra estafa de mascarillas perpetrada por una consultora de Nueva York a la que denunció en los juzgados, no puso en marcha ningún expediente de reclamación contra Luceño y Medina tras recibir mercancía de inferior calidad a la comprometida. Quien destapa la estafa al Ayuntamiento de Madrid es el Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España a través de un informe que llega a la Fiscalía Anticorrupción el 23 de julio de 2020 “poniendo de manifiesto hechos que podrían constituir, sin perjuicio de ulterior calificación, un delito de malversación de caudales públicos y un delito de blanqueo de capitales”.

En el caso de Baleares, el Ejecutivo autonómico que presidió Armengol compró en 2020 mascarillas a la empresa salpicada en la trama del caso Koldo —la supuesta red de corrupción urdida para conseguir contratos públicos de suministro de mascarillas en lo peor de la pandemia a cambio del pago de comisiones presuntamente ilegales—, investigó su calidad y comprobó que era inferior a la comprometida, pero no pidió hasta tres años después la devolución de 2,6 millones de euros, que amenaza con caducar con el nuevo Gobierno del PP.

El PP lleva su desafío hasta el final y tumbará hoy por segunda vez la senda de estabilidad del Gobierno en el Senado: “No es no”

El Partido Popular tumbará este miércoles por segunda vez la senda de estabilidad del Gobierno, imprescindible para el diseño de los Presupuestos Generales del Estado. “No es no”, ha confirmado la senadora popular Eva Ortiz, en la tribuna, durante el pleno. La parlamentaria apenas ha ofrecido argumentos económicos y ha centrado el razonamiento de su negativa en la confrontación con el Ejecutivo. “Su Gobierno es la mayor amenaza para la democracia desde el 23-F”, ha lanzado Ortiz a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha acudido a la Cámara alta para defender su propuesta.

La senda de estabilidad es la única iniciativa parlamentaria en la que el Senado tiene la última palabra. El PP exigió una serie de modificaciones en el texto elaborado por el departamento de Montero, basados principalmente en la bajada de impuestos, y rechazados por el Ministerio de Hacienda. “La política de obstrucción del Partido Popular es realmente triste, porque el objetivo es retrasar la presentación de los Presupuestos, carece de toda lógica política”, ha reprochado Montero, recordando los “perjuicios” para las comunidades autónomas, la mayoría gobernada por el PP.

La ministra ha advertido que esta segunda negativa implica para las administraciones territoriales volver a la senda establecida en abril del año pasado, con un tope del 0,0% de déficit en lugar del 0,1%. La votación tendrá lugar cuando terminen de debatirse todos los puntos del orden del día del Senado. Fuentes parlamentarias prevén que dicha votación se producirá en torno a las 14.00.