Buenos, lo que se dice buenos para resolver problemas no son los políticos. Pero -y, en esto, hay que reconocerles mérito-, son únicos para crecer problemas.
Sin temor al ridículo y en aras de...
Buenos, lo que se dice buenos para resolver problemas no son los políticos. Pero -y, en esto, hay que reconocerles mérito-, son únicos para crecer problemas.
Sin temor al ridículo y en aras de subir sus bonos ante el presidente Enrique Peña Nieto y el Ejército, el gobernador Eruviel Ávila, el procurador mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, y el ombudsman Raúl Plascencia se plegaron a la versión oficial de lo ocurrido en la matanza de Tlatlaya y, con su actitud, lejos de resolver el problema, lo complicaron.
Hoy, el testimonio de una sobreviviente difundido por la revista Esquire, el eco que de él hicieron Amnistía Internacional y Human Rights Watch hasta suscitar una reacción del Departamento de Estado del vecino del norte y, sobre todo, la decisión de la Defensa Nacional de consignar ante un juez militar a un oficial y siete elementos de tropa exhiben a Ávila, Gómez y Plascencia como comparsas de una puesta en escena que, en vez de ayudar al gobierno, lo complica.
Los tres funcionarios quedaron expuestos como personas interesadas en servir al poder y no a las probables víctimas de él.
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Desde el primer momento, el presunto enfrentamiento con saldo de 22 civiles muertos y un militar herido sugirió que en Tlatlaya se cometieron abusos fatales.
El escueto comunicado del 30 de junio de la I Región Militar, 22/a. Zona Militar de la Defensa Nacional con la versión oficial de lo sucedido presentaba inmensas lagunas, en tanto que las fotos tomadas en el lugar de los hechos sugerían la ejecución o el fusilamiento de las personas muertas. Un dato curioso, a lo mejor del interés de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, es que ese boletín no consta en el sitio oficial de la Defensa Nacional. Si alguna vez se colocó en la página, aquella versión oficial no aparece más. Nulo acceso a la información.
Pese a la falta de información y el indicio de abusos, el gobernador Eruviel Ávila no dudó en felicitar al Ejército al día siguiente de los hechos. Lejos de interesarse por indagar en serio lo sucedido, apresuró una declaración lamentable.
"El Ejército mexicano, allá en Tlatlaya -afirmó Ávila-, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar resultó herido, pero el Ejército en su legítima defensa, actúo y abatió a los delincuentes. Desde luego que cuando se pierde una vida, quien sea, es de lamentar, pero finalmente podemos ver que el Ejército mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el Gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida, contundente".
Sobre qué base formuló esa declaración el gobernador, quién sabe. Sencillamente, el gobernador aplaudió sin saber, ojalá así haya sido, si se dio el enfrentamiento, si los muertos agredieron a los soldados y perecieron a causa de ello. Qué más daba, si sus bonos subían con la Defensa Nacional. Los muertos, muertos estaban.
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Si irresponsable fue Eruviel Ávila, más lo fue su procurador Alejandro Jaime Gómez Sánchez.
A raíz de un despacho de la agencia de la AP que, hacia mediados de julio, planteaba la posibilidad de un fusilamiento en Tlatlaya, el procurador declaró el 17 de julio: "De las diligencias realizadas por el Ministerio Público del fuero común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución, en el posible fusilamiento al que se hace referencia en medios de comunicación". Es más, aseguró que los peritajes confirmaban un intercambio de disparos entre el Ejército y las personas que resultaron muertas.
Y, quizá, para zanjar el asunto. Dos días antes de esa lamentable declaración, el 15 de julio, el Comité de Información de la Procuraduría mexiquense había clasificado y reservado la información relativa a lo ocurrido en Tlatlaya por estar en trámite.
Para qué informar, si basta con declarar.
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El olvido, sin embargo, no enterró los hechos y apareció el testimonio difundido por la revista Esquire.
21 de los 22 muertos habrían sido ejecutados uno a uno, después de herirlos primero y luego de que estos se hubieran rendido. Vino, entonces, la aparición estelar del ombudsman Raúl Plascencia, servidor seriamente comprometido... con su reelección, pero no mucho con los derechos humanos. La revelación hecha por la revista reactivó la postura de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch condenando lo ocurrido y Plascencia tuvo que hablar como también se vio obligada a hacerlo la Procuraduría General de la República.
La Procuraduría, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Defensa replantearon su postura. Ahora, desde ocurridos los hechos se interesaron por esclarecer lo acontecido con absoluta transparencia... tres meses después. Y, luego, de que, en su gira por Nueva York, el presidente Enrique Peña Nieto tuviera que referirse al asunto.
En particular, el ombudsman Raúl Plascencia presumió contar con un expediente de ¡700! páginas, inspecciones oculares, dictámenes periciales, testimonios de vecinos y de tres sobrevivientes, y precisó: "espero que en unas seis semanas tenga una determinación de qué fue lo que sucedió". E insistió en que sí hubo enfrentamiento y que éste duro dos horas.
Dicho de otro modo, cuatro meses después de los hechos llegará a una conclusión... y el dato increíble: de acuerdo con su calendario, a principios de noviembre concluirá qué ocurrió, justo al saber si sale o repite al frente de la Comisión Nacional de los Derechos.
Qué mala suerte la de los muertos, qué buena la del ombudsman.
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Lo increíble es que por querer quedar bien con el gobierno federal, el gobernador, el procurador Gómez y el ombudsman terminaron por crecer un problema y, lo peor, con la decisión del Ejército de consignar ante un juez a ocho militares por presunta comisión de delitos, terminaron por hacer el ridículo... pero, por lo visto, eso ni les preocupa.
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