Con los datos de este miércoles, el país superó la cifra a la que Alberto Fernández dijo que no quería llegar. ¿Cuáles son las medidas que se podrían haber tomado?
Miércoles 14 de julio de 2021 | 17:10
“Prefiero tener 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina”, decía Alberto Fernández en una entrevista con Jorge Fontevechia grabada en Olivos y emitida el sábado 11 de abril del 2020, a 34 días del primer fallecimiento, que fue el 8 de marzo, y 38 del primer caso el tercer día del mismo mes. Todavía no había pasado un mes del decreto que había establecido el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
A más de un año de aquella afirmación, el país acaba de pasar los 100.000 fallecimientos por Coronavirus, ubicándose en el doceavo lugar en número acumulado de fallecidos por millón de habitantes con 2191 por millón, apenas por debajo de Brasil, que está noveno con 2513 por millón.
Además, Argentina está en el séptimo puesto en el promedio diario de la última semana con 8,64 por millón, por encima de Brasil, que tuvo 6,13 por millón, y con 4.702.657 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.
Este miércoles se notificaron 19.697 nuevos casos, 614 fallecimientos y 5.092 pacientes en terapia intensiva, con un 62.2 % de ocupación de camas UTI a nivel nacional y un 60.1 % en el AMBA, un panorama sombrío teniendo en cuenta la amenaza inminente de la variante delta, la inflexibilidad de la estrategia sanitaria del Gobierno y el aún bajo nivel de vacunación, sobre todo respecto a la nueva variante.
Respecto a la pobreza, las cosas no fueron mejores: durante el 2020 ascendió a 42%, una suba de 6,5 % en la comparación interanual (Indec). Estos datos proyectados a todo el país confirman que hay más de 19 millones de personas viviendo en la pobreza. Son 3 millones más de nuevos pobres respecto a 2019.
El fracaso de “achatar la curva”. ¿Por qué era evitable esta situación?
Estos números, trágicos, hablan del fracaso de una estrategia que fue definida desde el principio en solo en función de mantener como intocables los intereses empresariales: “aplanar la curva” para “no saturar al sistema sanitario”, abriendo y cerrando la economía en función del grado de saturación del sistema sanitario a la espera de la solución farmacológica por medio, centralmente, de las vacunas. A nivel global, esta estrategia se conoció como de “mitigación”, y se la contrapuso a la dejar correr el virus hasta la supuesta inmunidad de rebaño que ensayaron en un inicio gobiernos como el de Donald Trump, Boris Johnson o Jair Bolsonaro.
Así, no se tomaron medidas económicas para garantizar que la mayoría trabajadora pudiera efectivamente aislarse sin tener que elegir entre caer en la pobreza o salir a trabajar e infectarse. Se habilitó solo un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que constó de 3 pagos de 10.000 pesos por grupo familiar, que se realizaron cada dos meses. Una medida que, sí por si misma era insuficiente, en el 2021 directamente se quitó del presupuesto porque se preparó como si el 1 de enero se fuera a terminar la pandemia, pero después nunca se restituyó.
Se planteó el aislamiento en porciones enormes de la población azotadas por la falta de vivienda, que se mantuvo sin solución e incluso se sostuvo por medio de la represión (Guernica y decenas luchas por la vivienda en todo el país) y el hacinamiento sin siquiera agua potable (como simbolizó el fallecimiento de Ramona, una mujer que vivía en el Barrio 31 en CABA y lo venía denunciando).
No se garantizaron condiciones de transporte de la mayoría trabajadora, obligada a viajar en condiciones de hacinamiento y peligro de contagio constante. Los protocolos en lugares de trabajo estuvieron marcados por los intereses de la producción capitalista y o fueron insuficientes o no se cumplieron, teniendo que organizarse las trabajadoras y trabajadores para garantizarlos.
El testeo, una medida clave para detectar los focos y cortar las cadenas de contagio, se mantuvo en niveles mínimos durante toda la pandemia, con niveles de positividad récord a nivel mundial. Esto no se revirtió ni siquiera cuando, a mediados de 2020, se empezaron a producir diferentes tipos de test en el país (PCR, anticuerpos y antígenos), financiados por el Estado y producto de la investigación científica del sector público, pero que quedaron en manos de privados y se destinaron a la exportación.
Tampoco hubo un cambio de estrategia en este aspecto cuando en todo el mundo se empezó a ver la circulación de nuevas variantes más peligrosas, en particular las detectadas en Inglaterra (alfa), Brasil (Gamma), a las que se permitió la entrada y circulación comunitaria sin ningún cambio en el plan de testeo o una ampliación de la “vigilancia genómica” para detectar el ingreso de nuevas variantes.
El presupuesto en Salud fue de los más bajos de la región, con un sistema de salud constantemente al borde del colapso y sostenido por trabajadoras y trabajadores que se ganaron un enorme reconocimiento social poniendo el cuerpo e incluso sus vidas para enfrentar la pandemia con insumos insuficientes y condiciones laborales cada vez más precarias. En 2021 el presupuesto especial para la pandemia directamente desapareció del presupuesto nacional y el presupuesto de salud se vio recortado en términos reales en un 9 % por el ajuste a pedido del FMI. La lucha ejemplar de los "elefantes" en Neuquén y la que están llevando adelante desde el Hospital Garrahan, CABA o en Mendoza son emblemáticas en este sentido. Otra medida clave como la unificación y centralización del sistema público y privado quedó solo en discursos de ocasión.
Y si bien la apuesta del Gobierno estuvo centrada en las vacunas, éstas no solo dieron lugar a vacunatorios “vip”, sino que se las transformó en un negocio para empresarios como Hugo Sigman, que contó con el apoyo estatal para producir en Garín 100 millones de dosis que fueron exportadas a México mientras las cifras de fallecimientos no paraban de acumularse y la empresa incumplía el contrato pagado por adelantado por el gobierno nacional.
El oficialismo se negó a una medida elemental como declarar de utilidad pública la planta de mAbxience en Garín y envasar la vacuna en el país en el sistema de laboratorios públicos o privado. En un principio decían que era inviable, pero se terminó demostrando que era completamente posible con el acuerdo posterior de Marcelo Figueiras para envasar la vacuna Sputnik en el país. Estas decisiones, elementales en un contexto de crisis pandémica histórica, podrían haber salvado decenas de miles de vidas (por ejemplo, un estudio demostró que una sola dosis de la vacuna de AstraZeneca evitó más del 70 % de hospitalizaciones en Inglaterra).
Todo esto se combinó con un discurso que redujo la complejidad del fenómeno a una cuestión individual y que consecuentemente descargó la culpa en la “responsabilidad ciudadana”, en su momento simbolizado en los “runners”, en dos que fueron a comprar gaseosas en Jujuy, en la irresponsabilidad de los jóvenes.
La desidia individual existe y se ha visto expresada fuertemente en sectores sociales favorecidos, pero se da en el marco social más general de las decisiones políticas de los gobiernos y el Estado. Y esta individualización fue acompañada con medidas de fortalecimiento del aparato represivo, que recayeron en los sectores más explotados y oprimidos como los pueblos originarios o la juventud (con los casos de Facundo Castro y Luis Espinoza cómo símbolos de una policía envalentonada por el discurso represivo, pero según CORREPI implicó que en 2020 411 personas fueron asesinadas por el Estado, de los cuales 40 % tenía menos de 25 años).
Pero el abordaje del Gobierno no era el único posible. Como plantearon numerosos epidemiólogos desde el inicio, era necesario y posible desplegar una estrategia de supresión de la circulación del virus: con medidas no farmacológicas básicas como el testeo, rastreo y aislamiento de los casos para cortar las cadenas de contagio; con recursos para que el aislamiento no sea una formalidad que pueda cumplir son una pequeña porción de la población; con condiciones de transportes adecuadas y protocolos en lugares de trabajo; a nivel farmacológico, garantizando el acceso a las vacunas a toda la población y pelear por el avance a nivel global para evitar el surgimiento de nuevas variantes, e implica levantar el planteo de liberar las patentes y derechos de las vacunas (financiadas en su mayoría con recursos públicos), algo a lo que también se negó el Gobierno. Estas medidas hubieran significado privilegiar la salud de las mayorías por sobre los intereses empresarios concentrados.
Y no está de más recordar que al mismo tiempo que abordó de esta manera la pandemia, el gobierno impulsó proyectos extractivistas que van directamente contra condiciones de salud, como el agronegocio, el fracking , la megaminería, e incluso las megagranjas porcinas productoras de pandemias.
¿Qué medidas son necesarias urgentemente?
Si antes la consigna era “achatar la curva”, ahora empieza a esgrimirse “retrasar la variante delta”. Eso es lo que dijo ayer Sonia Tarragona, jefa de Gabinete de la ministra Carla Vizzotti: “Hemos logrado retrasar mucho el ingreso de Delta, esta situación nos remonta a la situación inicial de la pandemia asociado a los viajes. La indicación que ha dado la ministra Vizzotti es ir completando los esquemas (con segunda dosis) para seguir avanzando con el resto de la población”, declaró ayer la expresidenta de la fundación Mundo Sano de Hugo Sigman.
La variante delta, detectada por primera vez en la India, tiene el doble de contagiosidad que la variante original, más letal según estudios recientes y genera escape de inmunidad frente a contagios previos y vacunas. Y si bien siguen siendo efectivas contra esta variante, diferentes estudios muestran que una sola dosis es insuficiente para evitar los contagios. De hecho, la variante delta está generando terceras olas de contagios en países que cuentan con un nivel de vacunación mucho mayor al de Argentina, como Inglaterra (68 % con una dosis y 51 % con ambas), Israel o EE. UU. Nuestro país cuenta hoy con solo el 11,2 % vacunado con dos dosis y 45 % con una, frente a lo cual tomar medidas para impedir el ingreso y suprimir la circulación viral se hace una necesidad urgente.
Declarar de utilidad pública los laboratorios que producen vacunas en el país para escalar la producción y vacunar lo antes posible a toda la población con dos dosis se torna una medida elemental y urgente si se quiere evitar que la cuenta de contagios y fallecimientos siga escalando.
Para suprimir la circulación del virus es necesario desplegar una campaña de testeo, rastreo y aislamiento de casos a nivel que requiere el nivel de circulación actual. Para esto deben declararse de utilidad pública los laboratorios que ya producen test en el país.
También es urgente aumentar el presupuesto de salud pública para garantizar insumos, salarios e infraestructura (desde barbijos adecuados hasta medidores de dióxido de carbono). Además, el Estado debe garantizar las condiciones para que la población realice un aislamiento adecuado, partiendo de un IFE igual a la canasta familiar.
Estas medidas urgentes son parte de un programa de conjunto que plantea el Frente de Izquierda desde los comienzos de la pandemia, para que los costos no recaigan sobre el pueblo trabajador sino sobre quienes son los responsables de generar la pandemia, los grandes capitalistas.
Temas
