Solicitarán alerta roja ante Interpol contra exfuncionario de Interior y Justicia

VEA/ Carlos Batatin

El Ministerio Público solicitará notificación roja ante Interpol contra tres personas, entre ellas el exdirector de Línea de Procesos Políticos y Sociales del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Wilder Andrés Soteldo Landaeta, por haber recibido presuntamente 60 mil dólares por otorgar como dación en pago, un total de 437 vehículos a una depositaria judicial.

Así lo detalló en rueda de prensa el titular de ese despacho, Tarek William Saab, quien precisó que el  pasado 29 de junio, Josué Astudillo interpuso una denuncia en la Fiscalía Superior de Carabobo, debido a que cuando fue a retirar su vehículo del Estacionamiento Aragüita, C. A., que funciona como depositaria judicial, los dueños del lugar le indicaron que ya no le pertenecía, aunque en sus manos llevaba la respectiva orden de entrega.

Al iniciarse las investigaciones se conoció que otras 4  personas recibieron la misma respuesta, porque sus automóviles ya eran propiedad del estacionamiento, y que por ello este tenía la facultad de venderlos a cualquiera que estuviese interesado.

Resaltó el fiscal general que  la supuesta dación en pago realizada por Soteldo Landaeta, carecía de todo valor jurídico, pues no estaba facultado para realizarla, habiendo usurpado funciones exclusivas de la máxima autoridad de este ente ministerial.

«También se comprobó que el documento no reposaba en la Notaría 6ª de Valencia, como aparecía en el documento, siendo falsas las firmas y sellos que aparecen en el mismo. En tal sentido, se solicitó la detención  en contra de los ciudadanos Wilder Andrés Soteldo Landaeta, Miguel José Freites Gutiérrez, Emil Frank Spinelli González y Oriana Sicilia Mosqueda Bottaro», indicó Tarek William Saab.

Posteriormente se logró la aprehensión de Emil Frank Spinelli, dueño del Estacionamiento Aragüita, C. A., quien en la audiencia de presentación fue imputado por los delitos de fraude, uso de documento falso, uso de sello falso, desvalijamiento de vehículo automotor y asociación para delinquir, quedando privado de libertad.

Afirmó Tarek William Saab, que en la misma audiencia Spinelli confesó que «a Wilder Soteldo, quien trabajó en el Ministerio hasta abril de este año, se le pagaron 60 mil dólares para que otorgara esa dación en pago. También se está investigando a otros cuatro estacionamientos en Carabobo que estarían en la misma situación, al tiempo que agregó que tanto Soteldo Landaeta  como los otros dos requeridos, se encuentran en el extranjero».

Profesor corrupto

Gerardo Nieto Quintero, profesor de Derecho de la Universidad Católica en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, fue detenido el pasado 19 de julio, por solicitar pagos en divisas a sus alumnos para aprobarles la materia de Derecho y Legislación Laboral.

Detalló el representante del Ministerio Público que «una estudiante puso la denuncia ante el Comando Nacional Antisecuestro, tras haber presentado la reparación en dichas materias y ser reprobada, al igual que todos los que presentaron la citada asignatura.

La joven universitaria  fue contactada vía WhatsApp por un intermediario de Nieto Quintero, informándole  que podría aprobar las materias si pagaba 350 dólares, por cuyo motivo el Ministerio Público solicitó ante los tribunales una entrega vigilada que se realizó en el sector Barrio Obrero, donde se detuvo a Edisson Alberto Vera Carrillo, quien solicitaba y recibía el dinero como representante del profesor.

Tres días después se realizó la audiencia de presentación ante el Tribunal 3º de Control del estado Táchira, en la cual el Ministerio Público precalificó la presunta comisión de los delitos de extorsión por relación especial y agavillamiento.

Por su parte, las autoridades de  la Universidad Católica del Táchira informaron mediante un comunicado, que habían removido al profesor Gerardo Nieto Quintero, de su cargo y que prestarían toda la colaboración con los organismos competentes para el esclarecimiento de los hechos.

270 fiscales procesados y 26 condenados

El fiscal general de la República al referirse nuevamente al proceso de depuración que se lleva a cabo en esa institución desde 2017,  resaltó que «a la fecha tenemos 241 fiscales judicializados y 31 en investigación, para un total de 270 fiscales procesados. Entre los judicializados, 26 han sido condenados, 137 han sido imputados, 9 están privados de libertad y 18 se encuentran prófugos».

Hizo hincapié en que «a muchos de estos fiscales los hemos agarrado con las manos en la masa, otros mediante grabaciones o entregas controladas. Un detalle es que la gran mayoría vienen de la gestión anterior. Son funcionarios que, en la arena movediza de la corrupción que impuso la anterior fiscal general y su entorno, quisieron convertir este lugar ganado a la protección de un cartel internacional».