¡Les cayó la ley! Detenidas más de 100 personas por tramitar documentos fraudulentos

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El proceso de investigación continúa por parte de los funcionarios de la Inspectoría General del Saime, a fin de identificar y ubicar a otras personas involucradas en estos actos irregulares. Foto Internet

VEA / Saime

Funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), adscritos a la Inspectoría General, tras arduos trabajos de contrainteligencia lograron la detención de más de 100 ciudadanos, entre los meses de enero a julio del presente año, por tramitar de forma fraudulenta documentos de identidad, delitos previstos en Ley Contra la Corrupción, y Ley Contra los Delitos Informáticos.

El director general del ente identificador, Gustavo Vizcaíno, informó que estos sujetos se dedicaban a captar a través de las distintas redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp), a personas con la necesidad de efectuar diversos trámites de identificación ante el Saime, cobrando altas sumas de dinero en moneda extranjera.

Entre los detenidos se encuentran Dayanna Negrín, Carlos Escobar, Johnny Salomón y Karelys Mariana Delgado Sánchez, esta última funcionaria del Servicio de Migración, adscrita al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, en el estado La Guaira.

Además, estos delincuentes emitían documentos de identificación tales como cédulas, pasaportes, prórrogas de pasaporte venezolano, visados para extranjeros de manera fraudulenta, por lo que no cumplen con las medidas de seguridad  establecidas por el principal órgano identificador del país.

El proceso de investigación continúa por parte de los funcionarios de la Inspectoría General del Saime, a fin de identificar y ubicar a otras personas involucradas en estos actos irregulares.

Vizcaíno resaltó que también se han desarticulado bandas dedicadas a este flagelo, y detenidos a quienes se dedicaban a la gestoría, entre ellos funcionarios involucrados en estas fechorías.

La autoridad del Saime aseguró que estos sujetos cuentan con medida privativa de libertad por incurrir en los delitos de Obtención Ilícita de Lucro en actos de la Administración Pública, previstos y sancionados en el Artículo 74 de la Ley Contra la Corrupción; de igual manera, por el delito de Fraude Electrónico.

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