Bancos deberán suministrar información de sus clientes
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 09 agosto, 2010
Plan permite a Tributación levantar secreto bancario en investigaciones de evasión fiscal
Bancos deberán suministrar información de sus clientes
Sector financiero califica de balanceadas las condiciones para brindar los movimientos de las cuentas
Texto deberá discutirse en los próximos tres meses, tras mandato del Ejecutivo
El calificativo que posee Costa Rica de paraíso fiscal y su presencia en la lista gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estarían por desaparecer.
Lo anterior debido a que se gestiona otorgarle la potestad a Tributación Directa para acceder a las cuentas bancarias de cualquier persona con una orden de un juez, potestad que hasta hoy solo tiene el Instituto Costarricense sobre Drogas.
La modificación se tramita mediante un proyecto de ley que ya está en conocimiento de los diputados.
La reforma busca subsanar las deficiencias que tiene el país en materia de transparencia fiscal e intercambio de información y para ello también incrementa de cuatro a cinco años, el periodo que las entidades bancarias deben conservar los movimientos financieros de sus clientes.
Actualmente, los jueces pueden pedir el levantamiento del secreto bancario cuando existen indicios de legitimación de capital, o que la persona podría estar incurriendo en alguno de los delitos establecidos en la ley de antiterrorismo.
La discusión legislativa permitirá que se incluya o no el tema fiscal como argumento para revisar las transacciones de las personas, y que los jueces —si bien analizan las solicitudes— no puedan cuestionar el fondo del requerimiento.
“De aprobarse la reforma no tendría que haber una investigación penal de por medio. Las condiciones que se deben cumplir es que exista un proceso que bien puede ser administrativo, o una solicitud de un país con el cual se tenga convenio de intercambio de información tributaria”, aseveró Luis Ortiz, representante legal de la Cámara de Bancos.
De hecho, los banqueros se sienten gananciosos porque en la propuesta original se había eliminado la participación del juez. Si bien mantenerlo tampoco significa que ya no habrá más riesgos, implica más controles al proceso y manejo de la información.
Dicha reforma, es parte de una serie de proyectos que el Poder Ejecutivo convocó para que se discutan en el Congreso, de forma expedita, aprovechando el periodo de sesiones extraordinarias, que arrancó a principios de la semana pasada.
El documento se analizará en una comisión plena, un foro integrado por 19 diputados que tiene la misma potestad que el plenario para aprobar proyectos.
La urgencia para discutir este proyecto se debe a que la OCDE tiene al país en una lista gris de paraísos fiscales, según la última publicación que realizó en mayo del año pasado. Esto quiere decir que en cualquier momento, podrían imponer alguna sanción.
La posibilidad mencionada en la última reunión de ese organismo es la de establecer un impuesto a toda multinacional con sede en un país que cumpla los requerimientos de la OCDE, para así evitar la defraudación fiscal.
Natasha Cambronero / Daniel Chacón
ncambronero@larepublica.net
dchacon@larepublica.net
Bancos deberán suministrar información de sus clientes
Sector financiero califica de balanceadas las condiciones para brindar los movimientos de las cuentas
Texto deberá discutirse en los próximos tres meses, tras mandato del Ejecutivo
El calificativo que posee Costa Rica de paraíso fiscal y su presencia en la lista gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estarían por desaparecer.Lo anterior debido a que se gestiona otorgarle la potestad a Tributación Directa para acceder a las cuentas bancarias de cualquier persona con una orden de un juez, potestad que hasta hoy solo tiene el Instituto Costarricense sobre Drogas.
La modificación se tramita mediante un proyecto de ley que ya está en conocimiento de los diputados.La reforma busca subsanar las deficiencias que tiene el país en materia de transparencia fiscal e intercambio de información y para ello también incrementa de cuatro a cinco años, el periodo que las entidades bancarias deben conservar los movimientos financieros de sus clientes.
Actualmente, los jueces pueden pedir el levantamiento del secreto bancario cuando existen indicios de legitimación de capital, o que la persona podría estar incurriendo en alguno de los delitos establecidos en la ley de antiterrorismo.
La discusión legislativa permitirá que se incluya o no el tema fiscal como argumento para revisar las transacciones de las personas, y que los jueces —si bien analizan las solicitudes— no puedan cuestionar el fondo del requerimiento.
“De aprobarse la reforma no tendría que haber una investigación penal de por medio. Las condiciones que se deben cumplir es que exista un proceso que bien puede ser administrativo, o una solicitud de un país con el cual se tenga convenio de intercambio de información tributaria”, aseveró Luis Ortiz, representante legal de la Cámara de Bancos.
De hecho, los banqueros se sienten gananciosos porque en la propuesta original se había eliminado la participación del juez. Si bien mantenerlo tampoco significa que ya no habrá más riesgos, implica más controles al proceso y manejo de la información.
Dicha reforma, es parte de una serie de proyectos que el Poder Ejecutivo convocó para que se discutan en el Congreso, de forma expedita, aprovechando el periodo de sesiones extraordinarias, que arrancó a principios de la semana pasada.
El documento se analizará en una comisión plena, un foro integrado por 19 diputados que tiene la misma potestad que el plenario para aprobar proyectos.
La urgencia para discutir este proyecto se debe a que la OCDE tiene al país en una lista gris de paraísos fiscales, según la última publicación que realizó en mayo del año pasado. Esto quiere decir que en cualquier momento, podrían imponer alguna sanción.
La posibilidad mencionada en la última reunión de ese organismo es la de establecer un impuesto a toda multinacional con sede en un país que cumpla los requerimientos de la OCDE, para así evitar la defraudación fiscal.
Natasha Cambronero / Daniel Chacón
ncambronero@larepublica.net
dchacon@larepublica.net