La Suprema Corte de Justicia bonaerense elaboró un proyecto de ley para que los remates judiciales se realicen por Internet con el fin de darle mayor transparencia al sistema y que más cantidad de oferentes puedan intervenir.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires remitió la iniciativa al Poder Ejecutivo y a la Legislatura, ya que para incorporar esta modalidad se debe realizar una reforma a tres artículos del Código Procesal Civil y Comercial.
En caso de que se realice la modificación, el sistema funcionaría en una sala de subastas virtual alojada en una página web bajo la órbita de la Suprema Corte con las medidas de seguridad apropiadas.
En la resolución, los jueces señalaron que "sustentado en el objetivo de dotar de una mayor eficiencia al régimen de subastas, la medida busca lograr una mayor publicidad, seguridad, economía de recursos y celeridad en los remates judiciales, aumentando la participación de oferentes".
En los fundamentos del proyecto, se destaca que desde hace tiempo las subastas judiciales "presentan problemas en la realización del acto material del remate, vinculados con las garantías de transparencia".
Por esto, "la ventaja de las subastas por Internet es que permite la implementación de un sistema automatizado, seguro y público, que evita la manipulación externa y que posibilita la registración en el programa de todas las ofertas y oferentes de manera tal de permitir una eventual revisión en caso de dificultades o cuestionamientos".
Otros beneficios serían la rápida difusión del remate y el alcance a un espectro mayor de posibles adquirentes, lo que permitiría obtener mejores precios para los bienes y a la vez resguardar los intereses tanto de deudores como de acreedores.
El tribunal, integrado por Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Héctor Negri, Juan Carlos Hitters y Luis Genoud, señaló que la problemática mereció la atención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en abril último, cuando dispuso la realización de una auditoría en la Dirección de Subastas Judiciales.
Esa medida se ordenó con la finalidad de aplicar parámetros de gestión judicial a dicha dependencia y establecer pautas de transparencia y calidad.
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