Cuba's state-run human trafficking business
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Part I: Forced labor: the export services of temporary workers
 
“Contrary to fighting human trafficking, the government is likely “one of the largest and most profitable traffickers in the world.” This statement was part of the recent testimony in Congress[1] by Cuba Archive’s Executive Director, Maria Werlau, on Cuba’s gigantic human trafficking business.
 
A creative scheme of forced labor —temporary workers for export— accounts for Cuba’s largest, and growing, source of revenues. According to official reports, around 65,000 are serving the Cuban government in 91 countries; 75% (around 50,000) are in the health sector. The services of doctors, sports trainers, teachers, construction workers, entertainers, sailors, scientists, architects, engineers, and many other professionals and technicians are sold through large state entities, including two large health conglomerates (ServiMed-Servicios Médicos Cubanos, S.A. and the BioFarma Cuba group), and at least 84 smaller state entities (see http://www.cepec.cu/). Their wages, for the most part, go directly to the Cuban government, whose annual export services net of tourism grew from US$1.5 billion in 2003 to US$7.8 billon in 2011 (the latest official data from Cuba). Recent reports put the annual figure at around US$8.2 billion (three times tourism revenues reported at around $2.7 billion a year).
 
The violations to universally-recognized labor rights that this practice entails are numerous. Amply documented by Cuba Archive, they include chronic under-payment of wages, subsistence stipends, mandatory long hours, poor —often dangerous— living conditions, arbitrary restrictions of movement and others, retention of travel documents, and threats of retaliatory actions to the workers and their families if they defect overseas. This type of “modern slavery” violates many international agreements to which Cuba and most countries where these workers serve are parties, including conventions and protocols against human trafficking and of the International Labor Organization (ILO).
 
Cuba’s export business of indentured workers and its unique brand of “health diplomacy” are possible only in a totalitarian state in which a pool of guaranteed captive low-paid workers can be exploited as “exportable commodities.” The average monthly salary is $20 and $60 for doctors.
 
Because many Cuban workers serve “willingly,” —even eagerly— to improve their lot, it is important to note that the victims’ consent to forced labor practices does not exempt them from “human trafficking.” The legal definition is clear: “The consent of the victim to the intended exploitation is irrelevant once it is demonstrated that deception, coercion, force or other prohibited means have been used.” The Trafficking in Persons Protocol of 2000, a complement to the U.N. Convention Against Transnational Organized Crime, states that abuse of power or of a position of vulnerability for the purpose of exploitation constitutes human trafficking.
 
See congressional hearing and written testimony HERE.  

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El tráfico humano, un negocio del estado cubano 

Parte I: La fuerza laboral de exportación: trabajo forzado
 
El estado cubano “es posiblemente el mayor y más rentable traficante de personas del mundo." Con estas palabras testificó recientemente ante el Congreso de los Estados Unidos la directora ejecutiva del Archivo Cuba, Maria Werlau,[1] detallando como Cuba administra el gigantesco negocio de tráfico humano a través de numerosas entidades estatales.
 
Un creativo esquema de trabajo forzado de trabajadores temporales de exportación constituye el negocio más rentable de tráfico humano del gobierno cubano y se ha convertido en la mayor fuente de ingresos del país. Según informes oficiales, alrededor de 65,000 cubanos trabajan para el gobierno cubano en 91 países, 75% (aproximadamente 50,000) en el sector de la salud. Los servicios de médicos, entrenadores deportivos, maestros, obreros de la construcción, animadores, marineros, científicos, arquitectos, ingenieros, y muchos otros profesionales y técnicos son vendidos al exterior por entidades del estado que incluyen dos grandes conglomerados de salud (ServiMed-Servicios Médicos Cubanos S.A. y el grupo BioFarma Cuba) y al menos 84 entidades estatales más pequeñas (ver http://wwwcepec.cu/). La mayor parte de sus salarios va directamente al gobierno cubano. La exportación anual de servicios, excluyendo el turismo, había crecido de US$1.5 mil millones en el 2003 a US$7.8 mil millones en el 2011, último año de cifras oficiales. Según fuentes oficiales, dichos ingresos hoy llegan a $8.2 mil millones, lo que equivale a tres veces más que los ingresos anuales provenientes del turismo de alrededor de US$2.7 mil millones.
 
Las violaciones de derechos laborales universales que dicha práctica supone son numerosas y han sido ampliamente documentados por Archivo Cuba —incluyen salarios confiscados, míseros estipendios, largas jornadas de trabajo obligatorio, pobres y hasta peligrosas condiciones de vida, restricciones arbitrarias de movimiento y otras, retención de documentos de viaje y amenazas de represalia contra los trabajadores y sus familiares si desertan. Esta "esclavitud moderna" viola muchos acuerdos internacionales suscritos por Cuba y por la mayoría de los países donde laboran los trabajadores de exportación, incluyendo convenciones y protocolos contra la trata de personas y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
 
El negocio de exportación de trabajadores al servicio del estado, incluyendo la renombrada "diplomacia médica" cubana, es posible sólo bajo un totalitarismo de estado, donde el universo de trabajadores cautivos y mal pagados puede ser explotado como un "producto de exportación." El salario promedio mensual en Cuba es de unos US$20, y $60 para los médicos.
 
Ya que muchos cubanos se prestan para dichos trabajos "voluntariamente" o, incluso con entusiasmo, para mejorar sus condiciones de vida, es importante señalar que el consentimiento de las víctimas no exime al régimen castrista de su responsabilidad porque se tipifica igualmente como trata de personas. La  definición legal contempla que "el consentimiento de las víctimas a la explotación es irrelevante una vez que quede demostrado el engaño, la coerción, el uso de la fuerza u otro medio ilícito empleado." Asimismo, el Protocolo Contra la Trata de Personas de 2000, complementario a la Convención contra el Crimen Trasnacional Organizado, establece que ocurre tráfico humano cuando hay abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.”
 
Ver la audiencia y el testimonio escrito, en inglés AQUI.

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[1] Audiencia del 22 de marzo 2016 del Subcomité sobre Africa, Salud Global, Derechos Humanos Globales y Organizaciones Internacionales del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Washington, D.C. http://foreignaffairs.house.gov/hearing/subcommittee-hearing-get-it-right-time-victims-centered-trafficking-persons-report
 

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