Polémica en Bolivia por destino de "gastos reservados"
- Autor, Redacción
- Título del autor, BBC Mundo
La Iglesia Católica en Bolivia rechazó "con indignación" acusaciones hechas por un fiscal de que el único cardenal del país habría recibido dinero de una partida de "gastos reservados" de un gobierno anterior.
La Conferencia Episcopal boliviana emitió un comunicado en el que niega "categóricamente" que el prelado Julio Terrazas recibiera fondos y califica de "acusaciones infamantes" las efectuadas por el fiscal Félix Peralta, quien se basa "en una documentación no verificada legalmente".
Peralta se refirió a un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras sobre destinos de los gastos reservados, en el que aparecen nombres como el de Terrazas y el del ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín.
Este último reconoció haber recibido dinero para pagar indemnizaciones a víctimas de enfrentamientos con las fuerzas del orden durante el gobierno de Hugo Banzer (1997-2001).
En cuanto al cardenal, el fiscal se limitó a decir que los fondos fueron entregados a alguien llamado Julio Terrazas. Sin embargo, aclaró: "No tenemos confirmado que sea el prelado".
"Ésta es una indagación preliminar que se requiere profundizar", expresó.
Según la colaboradora de BBC Mundo en Bolivia, Mery Vaca, los gastos reservados eran partidas presupuestarias no sujetas a fiscalización pública y dispuestas por los gobiernos para erogaciones extraordinarias, como pago de bonos, indemnizaciones y compra de material antimotines.
El presidente boliviano, Evo Morales, dijo que también servían para "sobornar" a políticos y a líderes sociales y sindicales. Por ese motivo, Morales eliminó la partida de gastos reservados. La fiscalía, entre tanto, inició una investigación sobre el uso de esos recursos, añade Vaca.
Contra la corrupción
Por otra parte, la Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó una Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas fuertemente criticada por la oposición.
La norma, que debe ser promulgada por Morales, incorpora el principio de retroactividad y establece que los delitos en el manejo de los recursos públicos no prescriben.
Según el gobierno, la ley permite un marco jurídico para condenar a los corruptos.
Sin embargo, la oposición considera que se trata de un instrumento del que se servirán las autoridades para conseguir sus fines políticos.
