Gobernadores, un dolor de cabeza para Sebastián Piñera

Pocos días antes de asumir la presidencia de Chile Sebastián Piñera se vio sacudido, junto al resto del país, por uno de los terremotos más fuertes en la historia. Ahora, poco más de un mes después de haber tomando las riendas del país sudamericano, el nuevo presidente chileno sigue sufriendo temblores, pero de otro tipo.

Esta semana aumentaron las críticas contra el nuevo mandatario, a quien se acusa de mezclar los negocios con la política.

Su retraso en deshacerse de sus acciones en la empresa aérea LAN le valieron críticas de todos los sectores, incluyendo su propia coalición. A éstas se suman ahora nuevos cuestionamientos por la designación de varios funcionarios públicos, acusados por diversos motivos de no ser idóneos para los cargos que ocupan.

Este jueves dos diputados opositores solicitaron al Ministerio del Interior que revise los nombramientos de al menos cinco gobernadores, cuestionados por tener deudas, acusaciones de fraude o juicios pendientes contra el Estado.

Pero éstas no son las únicas objeciones. Analistas consultados por BBC Mundo afirmaron que muchos de los 53 gobernadores designados por el gobierno de Piñera son acusados de tener conflictos de interés que interfieren con sus nuevos cargos.

A diferencia de muchos países, en Chile no existe la autonomía regional, por lo que todos los puestos ejecutivos de las provincias y las regiones del país son elegidos por las autoridades centrales.

Cuestionamientos

Según Manuel Antonio Garretón, de la Universidad de Chile, los problemas de Piñera a la hora de designar funcionarios pueden explicarse por la conjunción de tres factores:

En primer lugar, por la decisión del mandatario de nombrar a personas provenientes del sector empresarial, lo cual en muchos casos genera conflictos de incompatibilidad.

En ese sentido, la analista de la consultora MORI, Marta Lagos, señaló a BBC Mundo que muchas de las nuevas autoridades regionales no cumplen con las especificaciones de las llamadas "Leyes de Probidad" -o leyes de transparencia- que, por ejemplo, establecen que un funcionario público debe abandonar el sector privado dos años antes de tomar su cargo.

Algunos legisladores opositores ya han amenazado con impugnar las designaciones que no cumplan con la ley.

Según Garretón, el segundo problema de Piñera tiene que ver con la arena política y la necesidad de acordar nombramientos con su principal socio: la Unión Demócrata Independiente (UDI).

De acuerdo con el analista, estos compromisos políticos podrían obligar al mandatario a designar a personas que no necesariamente cumplen con los estándares de su propio partido, Renovación Nacional (RN).

Pasado cuestionado

Para Garretón estos pactos políticos podrían explicar un tercer factor que trae problemas al abrir cuestionamientos sobre los elegidos por Piñera: el pasado "pinochetista" de algunos de los nombrados.

Tal es el caso de quien fue elegido como gobernador de la región de Bío Bío, José Miguel Stegmeier.

La semana última Piñera debió destituir al flamante funcionario, poco después de nombrarlo, luego de que surgieran en la prensa acusaciones que vinculaban a Stegmeier con una red de lavado de dinero de la llamada Colonia Dignidad, un enclave manejado por el criminal de guerra nazi Paul Schaefer.

Schaefer, quien cumple una condena por abuso, también está acusado de tener vínculos con el gobierno militar de Augusto Pinochet.

Stegmeier, quien niega una conexión con Schaefer, fue propuesto en el cargo por la UDI, partido que nuclea a muchos simpatizantes del ex gobierno pinochetista.