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El Gobierno Nacional debería reconocer su error de cálculo y retirar las seis objeciones que presentó a la Ley Estatutaria que pretende reglamentar el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Es ya más que claro que su anunciado objetivo de unir al país alrededor del tema de la paz no se concretó por este camino y que, en el proceso, ha visto amenazada su gobernabilidad, al menos en los meses venideros. Todavía puede cambiar de foco y es necesario que lo haga pronto.
La derrota de las objeciones a la JEP en la Cámara de Representantes fue aplastante. En total fueron 110 los parlamentarios que se opusieron a los argumentos del presidente, Iván Duque. La ponencia aprobada defiende la tesis de que, aunque el Gobierno ha dicho que se trata de objeciones por inconveniencia política, en realidad se está buscando volver a debatir asuntos ya resueltos por la Corte Constitucional. Eso, en otras palabras, equivale a irrespetar el equilibrio de poderes, principio fundamental de la estructura del Estado colombiano.
Aunque todavía queda la posibilidad de que las objeciones del presidente sean aprobadas en el Senado, ha quedado sepultado el objetivo anunciado por el Gobierno de crear un consenso nacional sobre cuál debe ser la reglamentación de la JEP. ¿Cómo hablar de unión cuando la Cámara rechazó con tal vehemencia una serie de objeciones que no deberían estar demorando el buen funcionamiento de los tribunales de paz?
Lo que hizo el presidente Duque, por el contrario, fue reabrir las heridas. El país está peor, y más polarizado, por culpa de las objeciones, y no hay victoria a la vista.
Como se le advirtió en múltiples ocasiones al Gobierno Nacional, las objeciones no solo causaron revuelo y crearon un choque de trenes, sino que además minaron su gobernabilidad. Por estar desgastado en este debate, se han concretado alianzas en contra de otros de sus proyectos más importantes. ¿No es momento, presidente, de enfocarse en el plan que tiene para el futuro del país y abandonar el deseo por reabrir asuntos ya saldados?
Si el deseo por construir un pacto nacional alrededor de la paz es genuino, y no una manera de justificar el hacerle caso al ala más radical del partido de Gobierno (Centro Democrático), es menester cambiar de estrategia. Un primer paso es abandonar los intentos de reforma de lo pactado, que destruyen la credibilidad del Estado ante sus ciudadanos y a escala internacional. El siguiente paso es adoptar la implementación del acuerdo como lo que es: una política de Estado que no depende de la ideología del ocupante de la Casa de Nariño. El tercer paso es cambiar el discurso y que el Gobierno sea un aliado de la justicia transicional, no la presencia ambivalente que ha sido hasta ahora.
La alternativa es insistir, dar una batalla difícil en el Senado y aún más en la Corte Constitucional, permitir que se siga dudando de las instituciones del país y que los colombianos sigan cultivando divisiones que poco provecho le traen a nuestra sociedad. Y mientras tanto, ver cómo los proyectos del Gobierno se enfrentan a una oposición creciente.
No nos parece una decisión difícil de tomar.
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