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Una política seria y exitosa

Alejandro Gaviria
En el año 2009, la revista Pharmaceutical Today destacó a Colombia como el país del mundo donde “prosperaban” los medicamentos de marca, casi un paraíso para las compañías multinacionales. No era para menos. La liberación de precios y el surgimiento de los llamados recobros habían llevado a un aumento sustancial del gasto farmacéutico. Por un tiempo, el Estado colombiano pagó medicamentos a cualquier precio, sin preguntar si quiera. Los abusos se multiplicaron y se puso en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud.
Desde su inicio, el gobierno del presidente Santos quiso ponerles coto a los abusos y el desgreño heredados. En el 2010 estableció un techo a los precios de reembolso pagados por el Fosyga. Este año fue incluso más allá e implantó una metodología de control de precios de los medicamentos monopólicos o con poca competencia. La metodología fija un techo a los precios mayoristas con base en los precios observados en 17 países desarrollados y en desarrollo. De la liberación de precios se pasó a un control estricto que consulta, como toca, las condiciones de mercado y los precios internacionales.
El pasado mes de septiembre se aplicó por primera vez la metodología mencionada. Inicialmente se priorizaron un conjunto diverso de medicamentos de alto costo para el cáncer, la hemofilia, la artritis, la hipertensión pulmonar, etc. En conjunto, estos medicamentos representan un costo muy grande para el sistema de salud. La mayoría son distribuidos a través del llamado canal institucional, esto es, no son comprados por la gente en las farmacias, sino pagados directa o indirectamente por el Estado a los mayoristas y los hospitales.
Esta sola decisión le ahorra al sistema de salud aproximadamente 300.000 millones de pesos. Cabe señalar, sin embargo, que la caída de los precios toma algunas meses en hacerse visible. En el canal institucional, los procesos de facturación y recobro pueden durar 90 o más días. En el canal comercial, algunas droguerías podrían estar tratando de vender sus inventarios a los precios anteriores a la regulación.
Como en toda regulación (sobra aclarar que el Estado no es omnisciente), la supervisión es compleja. Pero no imposible. Los distintos actores de la cadena deben reportar los precios y las cantidades transadas en un sistema de información (Sismed). El Fosyga conoce los precios pagados y puede ejercer un control adicional. La Superintendencia de Industria y Comercio puede, a su vez, imponer multas si la información no es reportada o si los reportes son equivocados o fraudulentos. Las multas son hasta de 5.000 salarios mínimos mensuales.
El control social es fundamental para garantizar un cumplimiento estricto de la regulación de precios. De allí la importancia de las denuncias hechas por el periodista Juan Gossaín, según las cuales algunos medicamentos se estarían vendiendo en algunas cadenas de droguerías por encima de los precios regulados. Sería deseable, sin embargo, conocer en detalle la metodología que sirvió de base a la denuncia. Algunos de los medicamentos mencionados por el periodista Gossaín no se venden en las droguerías o se venden en cantidades despreciables. Por ejemplo, más del 95 por ciento de las ventas de Manthera y Reminyl ocurre en el canal institucional. Pareciera que algunas cadenas reportan precios de medicamentos que no comercializan, lo que invalida en buena medida la investigación periodística.
En las próximas semanas le estaremos anunciado al país un nuevo grupo de medicamentos controlados. Tenemos no solo la voluntad, sino también el método para evitar los abusos del pasado y proteger, de paso, los recursos del sistema de salud (que son de todos) y las finanzas de millones de colombianos que están cansados, con razón, de pagar por medicamentos caros. Bienvenidas las críticas. Son un acicate para seguir mejorando una política pública seria y exitosa.
Alejandro Gaviria
Ministro de Salud
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