El financiamiento al nuevo sistema de justicia penal acusatorio se incrementó en más de 9 mil 919 millones de pesos, respecto de 2008-2012.
Abel Barajas
En la primera mitad del sexenio, el financiamiento al nuevo sistema de justicia penal acusatorio se incrementó en más de 9 mil 919 millones de pesos, con respecto al periodo 2008 -2012, señala el Tercer Informe de Gobierno de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el resumen ejecutivo, este aumento se registró del 1 de diciembre de 2012 al 31 de agosto del presente año y es un 337 por ciento mayor a los gastos destinados a este rubro en la segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón.
Conforme al documento, los proyectos financiados para apoyar la implementación fueron 2 mil 12, en comparación con 475 de la pasada administración.
Una suma de 440.4 millones de pesos fue destinado a la capacitación de los distintos perfiles de operadores del sistema penal con juicios orales, una cifra 89 por ciento superior a la registrada en la pasada Administración, lo que implicó capacitar a 129 mil 929 operadores.
En este periodo se impulsó la expedición o modificación de 448 leyes locales y 21 federales, lo que representa un avance del 95 por ciento respecto a la armonización normativa local con el sistema acusatorio y un 90 por ciento con respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales.
El Informe asegura que la implementación del sistema avanzó en un 33.4 por ciento en las instituciones estatales en su conjunto, si se compara con los resultados alcanzados a principios de septiembre de 2014.
En particular, las defensorías públicas avanzaron un 40 por ciento, los tribunales de justicia 19 por ciento, las procuradurías 36.2 por ciento y las secretarías de seguridad pública 38.6.
Para el Gobierno federal, los ejes de la implementación avanzaron 42.6 por ciento en normatividad, 48.9 en capacitación, 5.4 en tecnologías de la información, 36.2 en reorganización institucional y 43.2 en infraestructura.
El nuevo sistema de juicios orales opera en el fuero común de 25 estados del País y en el último año se sumaron San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Hidalgo, Campeche, Nayarit, Tlaxcala, Colima, DF, Michoacán y Baja California Sur.
En el ámbito federal opera en 8 estados: Durango, Puebla, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
En paralelo, el Informe gubernamental señala que el Gobierno trabaja en la implementación de un Sistema de Información Institucional Único, que permite la integración de las diferentes bases de datos.
Ese banco de información estará integrado por los Sistemas Institucional de Información Estadística (SIIE); Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD) e Integral de Información contra la Delincuencia Organizada (SIICDO).