Considerando que, la persistente falta de transparencia, así como la ausencia de regulación y sanción de conductas como el tráfico de influencias, abuso de poder y el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y de particulares que hayan hecho uso inadecuado de los fondos del Estado propician el constante aumento de la corrupción en las instituciones públicas.

En las últimas semanas hemos visto con preocupación cómo la aprobación final de la Ley Contra la Corrupción o Ley Penal de Enriquecimiento Ilícito ha quedado en suspenso, a pesar de haber sido aprobada en tercera lectura y de haberlo sido más del cincuenta y cinco por ciento de sus artículos. Dicha ley es desde hace años un compromiso pendiente para Guatemala, como signataria de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

Conocemos la iniciativa y sabemos que puede ser perfectible y que es potestad del Congreso de la República y los diputados su buen desarrollo, sin embargo sabemos que la solicitud de varias enmiendas a su contenido, es lo que ha retrasado la finalización de su proceso de aprobación y no queremos pensar que estas solicitudes de enmienda se están usando como un distractor para perder el tiempo y desenfocar la atención ciudadana del tema. Varias de las solicitudes de enmienda contienen firmas ilegibles, lo que hace difícil conocer qué diputados las han propuesto y a su vez ahondar en sus motivos para presentarlas, además de que el contenido que algunas de ellas toca temas que no son relativos a los delitos contra la administración pública y que pueden ser penados mediante otras figuras ya existentes en nuestra ley.