Amnistía: las potencias no quieren justicia

El informe 2010 de Amnistía Internacional concluye con una aparente paradoja: hoy las grandes potencias son el principal obstáculo al avance de los derechos humanos.

Mientras en Argentina, Perú o Sierra Leona se ven claros progresos en la consecución de una justicia internacional frente a delitos de lesa humanidad, países como Estados Unidos, China y Rusia bloquean estos avances y, según Amnistía Internacional, sólo actúan cuando les conviene políticamente.

El peso internacional de estos tres países agrava el problema. Cruciales para la economía mundial, tienen armas atómicas, poder de veto en el exclusivo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y son pilares del grupo de los 20, naciones que conforman el 90% del PIB Mundial.

"En el grupo de los 20 hay siete países, Estados Unidos, Rusia, China, India, Indonesia, Arabia Saudita y Turquía que no han firmado el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Si se subordina la justicia a los intereses políticos, la mayor parte de la humanidad seguirá viviendo con miedo y sufriendo abusos", dijo a BBC Mundo Javier Zuñiga, Asesor Especial de Amnistía Internacional.

El informe

El informe señala que ha habido avances en el último año en esta búsqueda de justicia junto a retrocesos y amenazas.

Un hito fue la orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional en 2009 contra un jefe de estado en funciones, el presidente de Sudán Omar Al Bashir, por cinco cargos de crímenes de lesa humanidad y dos de crímenes de guerra.

Según Amnistía Internacional en los últimos 20 años ha habido grandes avances en el respeto de los derechos humanos (como se ve, por ejemplo, con el avance planetario de la democracia), pero también retrocesos, sobre todo a partir de la crisis económica de septiembre de 2008.

"América Latina es un excelente ejemplo de estos avances en la justicia gracias al fin de los gobiernos dictatoriales. En este último año además ha habido avances en el procesamiento de responsables de las violaciones de derechos humanos, incluyendo el caso de Alberto Fujimori, el primer presidente democrático condenado por este tipo de delitos. Al mismo tiempo, tenemos el golpe de estado en Honduras, Brasil ha cerrado la búsqueda de justicia en el pasado y poblaciones indígenas o de violencia intrafamiliar siguen sin tener acceso a la justicia", puntualiza Zuñiga.

La actual crisis económica es una de las amenazas todavía presentes respecto a los derechos humanos.

Según Amnistía Internacional mientras la ley ha ampliado su esfera de acción para proteger intereses económicos globales, "las personas perjudicadas por sus operaciones han visto con frecuencia que la ley se bate en retirada frente al poder empresarial", situación agravada por el estallido económico y financiero de septiembre de 2008.

La formación de un Tribunal Penal Internacional, hoy ratificado por 110 países, ha sido uno de los logros de la última década y del avance de los derechos humanos posterior a la caída del Muro de Berlín.

Amnistía Internacional considera que se necesitan nuevos pasos para consolidar esta situación.

"Existen crímenes de derecho internacional como genocidio, crímenes de guerra o desaparición forzosa. La única instancia para penalizar estos delitos es el Tribunal Penal Internacional. Es necesario que este Tribunal tenga un apoyo universal", señaló a BBC Mundo Zuñiga.

Esta política tiene sus críticos tanto desde el punto de vista diplomático como práctico.

"Desde el Tratado de Westfalia en 1648 se ha entendido que los crímenes son responsabilidad del país en el que son cometidos. Si uno da marcha atrás en este vínculo territorial, lo que tenemos es el caos. La lógica de Occidente es que se castigue a los responsables de violaciones a los derechos humanos que no son castigados por la propia justicia. Usando la misma lógica, un juez iraní puede pedir que se castigue a los adúlteros de Occidente", señala en su blog el eurodiputado conservador británico Daniel Hannan.

En todo caso las víctimas y sus familiares tienen sus esperanzas puestas en el Tribunal Penal Internacional. En Colombia Carmenza Gómez Romero perdió a sus dos hijos en ejecuciones extrajudiciales y ha recibido amenazas constantes por su campaña para conseguir justicia.

Gómez Romero forma parte de las "madres de Soacha" que denunciaron el caso de los "falsos positivos", personas asesinadas con la excusa de que formaban parte de organizaciones guerrilleras para aumentar la supuesta "efectividad" de la lucha antisubversiva.

"Acá en Colombia no hay justicia. Nuestra única esperanza es la justicia internacional", indicó Carmenza Gómez Romero a BBC Mundo.