Colombia: sólo dos condenas por ley de justicia y paz

  • Hernando Salazar
  • BBC Mundo, Colombia
Exhibición de armas  (Foto de la Oficina del Alto Comisionado para la paz)
Pie de foto, La Ley de Justicia y Paz reduce las penas a los autores de crímenes atroces.

Muchas crudas verdades reveladas, sólo un par de condenas y algo de reparación. Ese es el balance que hacen muchos de la Ley de Justicia y Paz, aprobada hace cinco años en Colombia y que reduce las penas a los autores de crímenes atroces.

La gran mayoría de los cerca de 4.346 postulados a esa ley han sido paramilitares que se desmovilizaron y que tendrán penas máximas de ocho años de prisión si confiesan todos sus delitos, colaboran con la justicia y reparan integralmente a las víctimas.

Pero el sistema judicial no estaba preparado para asumir un proceso de justicia transicional, típico de los países en post conflicto, entre otras cosas porque en Colombia el conflicto continúa, luego de cinco décadas.

Eso explica por qué hasta el momento sólo se ha producido una condena contra dos ex jefes paramilitares de la Costa Caribe. Se produjo esta semana y fue calificada como "histórica", cuando se están cumpliendo cinco años de haberse expedido la ley.

"Pena cumplida"

El gran temor es que muchos crímenes se queden en la impunidad y que los principales jefes paramilitares tengan que pagar primero sus condenas por narcotráfico en Estados Unidos, luego de haber sido extraditados en 2008.

Patricia Linares, ex procuradora
Pie de foto, La ex procuradora Linares teme que muchos casos de Colombia terminen "yendo a la justicia internacional".

Expertos consultados por BBC Mundo, como las ex procuradoras Patricia Linares y Nubia Herrera, aseguran que, si las cosas siguen a ese paso, la justicia tardará décadas en condenar a todos los que se han postulado a la ley.

Y, entre tanto, existe el temor de que muchas de esas personas pidan su libertad, alegando "pena cumplida", al haber pasado más de ocho años en prisión.

Pero Herrera, quien fue vice Fiscal General de la Nación, cree que los fiscales y los jueces no deben olvidar que "los postulados a justicia y paz cometieron delitos que bajo la legislación normal tendrían penas hasta de 60 años de prisión".

Y Linares, quien fue procuradora de derechos humanos, no descarta que en ese escenario, y ante la impunidad, muchos casos de Colombia terminen "yendo a la justicia internacional".

Historias escabrosas

El gobierno cree que no sólo hay que mirar el número de condenas. "Es claro que debemos avanzar; sin embargo, la eficacia de la Ley de Justicia y Paz no puede medirse únicamente por las condenas", dice el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl.

Pearl rescata que la ley haya hecho visibles a las víctimas, pues 281.661 ya se han inscrito ante la Fiscalía.

Linares subraya que lo más importante que ha pasado en estos cinco años es que la sociedad colombiana sabe más acerca de hechos que no conocía.

De hecho, los medios de comunicación han revelado historias escabrosas de confesiones hechas por los postulados a la ley.

Un jefe paramilitar, conocido como H.H., reveló que un año él y sus hombres ordenaron matar a mil personas en la Costa Pacífica.

Otros paramilitares, de la Costa Caribe, admitieron que sus jefes usaban serpientes venenosas para matar a sus víctimas y no elevar los índices de homicidios en ciertas regiones.

También se conocieron otras historias sobre el uso de hornos crematorios para desaparecer los cadáveres de personas asesinadas, así como de violaciones a mujeres, reclutamiento de niños para la guerra, despojos de grandes cantidades de tierras, desapariciones y desplazamientos forzados.

El Fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza, destaca que, gracias a la Ley de Justicia y Paz, se han documentado 163.000 homicidios, 32.000 desapariciones forzadas, 66.000 casos de desplazamiento, 3.500 reclutamientos de menores, más de 800 secuestros y 400 alianzas con líderes políticos.

Linares cree que Colombia debió apostarle a otros modelos de justicia transicional, como el que se adoptó en Sudáfrica, cuando el Estado no se fue por la vía judicial, sino que propició la divulgación masiva de las verdades del apartheid y se propició el encuentro entre víctimas y victimarios.